El CES también avisa al Gobierno de que las pensiones perderán poder adquisitivo

El dictamen del Consejo Económico y Social (CES) sobre el anteproyecto de ley del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones insta al Gobierno a reconsiderar la reforma propuesta porque considera que con la nueva fórmula para actualizar cada año las pensiones -que sustituye al IPC- «se produce una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en contextos de crisis como el actual, que además no llegaría a recuperarse».

El informe del Consejo señala que aunque las circunstancias económicas evolucionen favorablemente y el sistema obtenga superávit en los próximos años, «las revalorizaciones difícilmente superarían el tope mínimo, es decir, el 0,25%, ya que posiblemente se neutralicen estos con los déficit obtenidos anteriormente». Esto daría lugar, alerta el CES, «a una disminución significativa de la pensión en términos reales». Por eso, a juicio de los redactores del informe, «sería conveniente establecer algún elemento de corrección que permita modular el índice y, en caso de superávit, proporcione una actualización que preserve el poder adquisitivo». Es decir, que se permita compensar en mayor medida durante los años buenos las pérdidas de poder adquisitivo sufridas en los años malos.

La fórmula de revalorización aprobada por el Gobierno tiene un suelo del 0,25% y un techo de subida del IPC más 0,25%, por lo que la distancia entre lo que se puede perder (teniendo en cuenta una inflación entre el 1% y el 1,5%) y el margen de ganancia lleva a que se tarde alrededor de cinco años en recuperar lo perdido en un solo año.

La propuesta de dictamen elaborada por la Comisión de Trabajo de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social será llevada al pleno hoy. Este informe es preceptivo pero no vinculante para el Ejecutivo.

En todo caso, el organismo consultivo que agrupa a representantes sindicales, empresariales y expertos, llama la atención sobre que los elementos del índice de revalorización se basan en su mayor parte «en estimaciones y previsiones sujetas a un alto grado de incertidumbre y que muestran un margen de error». Además, asegura que «existe un alto grado de discrecionalidad en la aplicación de la fórmula, en la medida en que algunas de sus variables dependen de decisiones políticas».

El CES es especialmente crítico con la modificación del artículo 48 de la Ley de la Seguridad Social, que regula la revalorización automática de las pensiones con el IPC previsto para el año, así como la compensación en un pago único de la desviación del IPC en noviembre respecto a la previsión, si llega a producirse. La fórmula del Gobierno tiene en cuenta los ingresos y gastos del sistema y si la Seguridad Social está en déficit, pero no incluye el IPC.

La propuesta de dictamen del CES advierte de que esta figura no se contemplaba en la ley de reforma de las pensiones de 2011 ni en el acuerdo que dio lugar a la misma, y lamenta, además, que la adopción de esta medida «se haya apartado de los cauces específicos por los que han discurrido las principales reformas en el ámbito de la Seguridad Social», como son el Pacto de Toledo y el diálogo social. En este sentido, deplora tener que emitir un dictamen sobre un anteproyecto que todavía puede cambiar, puesto que se ha hecho coincidir en el tiempo con la negociación parlamentaria, cuando en ocasiones anteriores la negociación ha sido previa a aprobar el anteproyecto.

En su informe, que será votado hoy, el CES recalca que es «consciente de la adversa situación» que atraviesa actualmente el sistema de la Seguridad Social y que comparte la necesidad de actual al respecto, para lo cual estima más adecuado reflexionar, en el marco del diálogo social y de la Comisión del Pacto de Toledo, sobre «la posibilidad de estudiar vías alternativas de financiación del sistema que contribuyan a su sostenibilidad y suficiencia».

Preocupación

Respecto al factor de sostenibilidad, que ajusta la pensión inicial que cobrará el jubilado en función de la esperanza de vida, de manera que se reducirá a medida que se incremente la expectativa de vida, el Consejo Económico y Social expresa su preocupación por los efectos de la automaticidad de este factor, teniendo en cuenta que la cuantía inicial de la pensión tiene una especial trascendencia porque es sobre la que van a pivotar todas las revalorizaciones que correspondan a lo largo de toda la jubilación.

Por eso, recomienda que se estudie modular este indicador ligado solo a la esperanza de vida con la evolución de otras variables con incidencia positiva sobre los ingresos, como el empleo, la actividad económica o la participación laboral. Asimismo, cuestiona que se aplique un solo valor a toda la población (el que resulta de la esperanza de vida a los 67 años) independientemente de la edad de acceso a la jubilación y pide que se aclare la situación de los beneficiarios de pensiones de incapacidad permanente que al alcanzar la edad legal de retiro tienen la consideración de pensiones de jubilación.