El SAF denuncia a la Junta por hurtar información a un delegado sindical

El delegado de Prevención de la Junta de Personal, a instancias del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), ha presentado una denuncia contra los servicios periféricos de la Administración General de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, solicitando que se tomen las medidas necesarias para obligar a la Junta a cumplir lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El mencionado artículo establece el derecho del delegado de Prevención a tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo para el ejercicio de sus funciones, según exponen en un comunicado desde el SAF. El sindicato recuerda, en este sentido, que «hace más de dos años» que este delegado solicitó a los centros directivos de la Administración periférica de la Junta en Cádiz la documentación en materia preventiva que el empresario «debe elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral».

Esta documentación, detallada en la Ley de Prevención, consiste en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales; evaluación de riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo; planificación de la actividad preventiva, incluidas medidas de protección y prevención y material; controles del estado de salud de los trabajadores; y relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado incapacidad laboral. Pero, según el SAF, «no hubo respuesta», así que el 28 de septiembre de 2011 el delegado de Prevención denunció estos hechos ante la Inspección de Trabajo.

Explican que como resultado de la comprobación documental y de las reuniones mantenidas, la inspectora actuante efectuó el 2 de mayo de 2012 propuesta de requerimiento a cada una de las doce delegaciones provinciales existentes en su momento, para que en el plazo indicado la Junta cumpliera las obligaciones establecidas por ley.

Así, aseguran que transcurridos más de dos años desde la primera solicitud y 16 meses desde el requerimiento de la Inspección de Trabajo, «aún no se ha facilitado por parte de la Junta de Andalucía la documentación solicitada».

SAF advierte de que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales califica como infracción grave el incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la normativa.