El Círculo de Empresarios propone rebajar el salario mínimo a los jóvenes parados

El Círculo de Empresarios propone rebajar el salario mínimo interprofesional (SMI) en las contrataciones de jóvenes parados como una vía de estímulo para las empresas. El SMI, para el que el Círculo de Empresarios plantea una reducción «de forma excepcional», está fijado en 645 euros al mes este año. El lobby empresarial también defiende que los emprendedores y microempresas puedan contratar sin someterse estrictamente a las normas laborales, sino que haya una «flexibilización» para que estos empleadores tengan «menores cargas y restricciones respecto a los trabajadores que contraten» y que exista simplemente una «tutela básica por el ordenamiento laboral».

Además, en su propuesta para ahondar en la reforma laboral, reclama que el Gobierno cumpla su promesa de reducir dos puntos las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y que las prestaciones y subsidios por desempleo se retiren si el parado rechaza una oferta de trabajo. Ahora hay un sistema de suspensión del pago si se rechaza una oferta de trabajo adecuada, suspensión que se convierte en definitiva si hay más de tres negativas. En el Círculo de Empresarios están representadas las grandes empresas de este país y cuenta como presidente de honor con Carlos Espinosa de los Monteros, al que el Gobierno nombró el año pasado Alto Comisionado para la Marca España.

La propuesta del Círculo de Empresarios de bajar el SMI levantó ampollas entre los sindicatos. El secretario de Organización y Comunicación de CC OO, Fernando Lezcano, lo consideró un «atentado a la dignidad de las personas» y una nueva «humillación» de las organizaciones empresariales.

No es la primera vez que los empresarios piden contratos con salarios más bajos. En febrero de este año, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, propuso implantar los 'minijobs', contratos por una, dos o tres horas al día con salarios por debajo de convenio, y que fueran compatibles con algún subsidio.

En un momento en que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se encuentra embarcado en la simplificación de los 42 modelos de contrato para dejarlos en apenas cinco modelos, el Círculo de Empresarios presenta su propia propuesta. Sólo tres tipos de contrato: indefinido, por necesidades de la empresa (de duración determinada) y contrato de empleo juvenil (formativo). Y todos ellos con una indemnización similar. Además, considera imprescindible un contrato a tiempo parcial más flexible que incorpore sistemas de «trabajo intermitente» o «por llamada», cuando las necesidades de la empresa lo requieran. Y con unas cotizaciones a la Seguridad Social inferiores «para no penalizar su uso».

También las empresas de trabajo temporal reclamaron un tipo de contrato específico para ellas, que recoja su actividad «con toda la flexibilidad que necesita para crear empleo», según un comunicado de la Asociación de Empresas de Trabajo Temporal.

Renta mínima

Justo desde el lado contrario, Comisiones Obreras remitió ayer una propuesta al Gobierno y a los grupos parlamentarios para crear un sistema de rentas mínimas garantizadas para el millón de personas sin ingresos que existen en España.

Estas rentas tomarían como referencia la pensión no contributiva vigente en cada momento, que en 2013 se sitúa en los 5.108 euros anuales (365 euros mensuales), y se incrementarían en función del número de miembros familiares (hasta 6.283 euros si se trata de dos personas y 7.495 si son tres).

Lucha contra el fraude

Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, explicó en el Senado que la reforma laboral va a permitir crear empleo con tasas de crecimiento del PIB del 1% y no del 2% como hasta ahora. Báñez destacó que sectores exportadores están creando empleo a un ritmo de entre el 6% y el 7%.

Además, la ministra anunció que el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social ha permitido aflorar hasta la fecha 130.512 empleos sumergidos, detectar 65.000 altas ficticias a la Seguridad Social e incrementar las sanciones a empresarios por fraude a la Seguridad Social en un 30%.