Fianza de 46 millones a un ex alto cargo por permitir las anomalías de los ERE

El exviceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Lozano, deberá hacer frente a una fianza civil de 46 millones de euros por el caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público. Lozano, que está imputado por prevaricación y malversación de capitales tras su declaración ante la juez instructora la pasada semana, fue director general de Presupuestos entre 2002 y 2009 y como tal fue responsable de las modificaciones presupuestarias que provocaron las ayudas.

En un auto notificado ayer, la juez instructora, Mercedes Alaya, justifica la elevada fianza en que Lozano, que fue número dos de la hoy presidenta andaluza, Susana Díaz, «pudo o debió conocer» el uso indebido del mecanismo de transferencias de financiación para pagar subvenciones aunque no hizo nada por impedirlo. «Se ha utilizado de forma inadecuada las transferencias de financiación en el proceso de elaboración de los Presupuestos de la Consejería de Empleo y de modificación de los mismos, consignando como transferencias de financiación lo que en realidad eran créditos destinados a subvenciones ».

La juez y el imputado mantuvieron un enfrentamiento durante la declaración de la semana pasada. Alaya reclamó a Lozano que no hiciera «teatro» y el exviceconsejero, tras responder a una decena de preguntas, se negó a contestar a más con el argumento de que no se respetaban sus garantías procesales. Ahí concluyó el interrogatorio.

La juez subrayó que en su comparecencia Lozano admitió que, pese a que era el sistema usado por la Consejería de Empleo para dar ayudas a empresas en crisis, el «mecanismo de transferencias de financiación no era el adecuado para conceder» esas subvenciones. Desde su puesto, Lozano también tuvo que tramitar las modificaciones presupuestarias a las que obligaba este sistema, y que solo en 2005 supuso un déficit de 94 millones. Así, Lozano habría contribuido a «distorsionar la financiación de la Junta y a la falta de control», ya que como responsable de Presupuestos aprobó 12 modificaciones en las cuentas que supusieron una ampliación de 57 millones de euros para esas ayudas.

Cinco millones por año

«Parece pues que lo que se pretendía por el inculpado, en connivencia con otros, era conseguir un sistema fácil para la concesión de ayudas sociolaborales, de forma que bajo el argumento de la agilidad y de la paz social se otorgaran las citadas subvenciones de espaldas a la Intervención y a cualquier control», señala el auto judicial. Por este motivo, Alaya establece una fianza de responsabilidad civil de 46,6 millones a razón de cinco millones por cada año que estuvo al frente de la Dirección General andaluza de Presupuestos más el tercio legal previsto, con los que deberá responder del posible daño causado a las arcas públicas en caso de condena.

La cuantía de la fianza se da a conocer justo antes de que hoy declare el que fuera director de Presupuestos entre 2009 y 2012. Se trata de una fianza muy alejada en cantidad de otras impuestas por la juez a exaltos cargos de la Junta. El exconsejero de Empleo Antonio Fernández deberá responder por 807 millones de euros, mientras que el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, pieza clave de la trama, se enfrenta a una de 686 millones. Muy superior a la de sus sucesores, Juan Márquez y Daniel Rivera, para los que la juez fijó unos avales de 173 y siete millones.