Réquiem por el IPC como referencia para los contratos

El próximo viernes, el Consejo de Ministros irá cargado de medidas económicas. Además de aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y el factor de sostenibilidad de las pensiones, verá el anteproyecto de ley de desindexación de la economía (no lo aprobará porque tiene que ir a Consejo de Estado). Bajo este difícil nombre lo que hay es la desvinculación total con el IPC como referencia para determinar la subida en los precios y servicios regulados, como el transporte, la luz, el teléfono fijo, los contratos públicos de alquiler, el agua, las tasas o las sanciones.

Esta ley de desindexación tendría que haber sido aprobada en el primer semestre del año. La visita de la troika (representantes del FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo), que esta semana se reunirá con representantes del Gobierno y del Banco de España, ha dado el empujón final a una medida que ha sido exigida por Bruselas.

Hace unos años, el IPC era el indicador de referencia para todo tipo de subidas. Un indicador transparente y objetivo que daba seguridad jurídica. Sin embargo, la indexación provoca efectos inflacionarios de segunda vuelta.

Con la nueva ley, los incrementos tendrán que estar justificados en los costes por parte del gestor del servicio o la empresa.

En la actualidad, la negociación salarial cada vez es más ajena al IPC como prueba el acuerdo de moderación salarial del año pasado. A ello se suma la supresión del IPC como índice para revalorizar las pensiones. Y la no actualización de las bases imponibles del Impuesto sobre la Renta desde hace años.

El anteproyecto incluirá una fórmula que pueda servir de referencia en contratos públicos o privados. Se calculará con el diferencial del IPC español con el de la zona euro, corregido con la pérdida de competitividad desde la entrada en la moneda única. Su techo será del 2 % (tope establecido por el BCE para la inflación) y no tendrá suelo.