Alaya fija en 46,6 millones de euros la fianza civil del exviceconsejero Lozano

El exviceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Lozano, deberá hacer frente a una fianza civil de 46,6 millones de euros porque pudo impedir el uso de transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales en el caso de los ERE fraudulentos. La jueza Mercedes Alaya imputa al que fue 'número dos' de Susana Díaz por prevaricación y malversación de capitales entre 22002 y 2009, cuando fue director general de Presupuestos con la consejera Magdalena Alvarez.

La fianza se calcula en base a que Alaya considera que las modificaciones presupuestarias que fueron aprobadas por el imputado ascienden a 57 millones de euros. Así, la juez impone cinco millones por cada ejercicio económico que Lozano estuvo en el cargo, sin contar unos meses de uno de los años señalados, más el tercio legal preceptivo y sitúa la cantidad final en 46.666.666 euros.

La Fiscalía Anticorrupción no había pedido fianza tras la accidentada declaración del pasado jueves, cuando Lozano se negó a seguir declarando por considerar que no se garantizaba sus derechos. Sí lo hicieron el PP y Manos Limpias, que reclamaron que se fijara en 76 millones. La defensa ha anunciado que recurrirá.

En el auto notificado hoy, la magistrada afirma que Antonio Lozano «pudo o debió conocer» el uso indebido de las transferencias de financiación, pero no hizo nada por impedirlo. «Se ha utilizado de forma inadecuada las transferencias de financiación en el proceso de elaboración de los Presupuestos de la Consejería de Empleo y de modificación de los mismos, consignando como transferencias de financiación lo que en realidad eran créditos destinados a subvenciones que se iban a conceder por la Consejería». La jueza subraya que Lozano admitió en su declaración que el «mecanismo de transferencias de financiación no era el adecuado para conceder» esas subvenciones de carácter laboral, aunque era el sistema usado por la Consejería de Empleo para dar ayudas a empresas en crisis.

Desde su puesto Lozano también tuvo que tramitar las modificaciones presupuestarias a las que obligaba este sistema, y que solo en 2005 supuso un déficit de 94 millones de euros. Así, Lozano habría contribuido a «distorsionar la financiación de la Junta y a la falta de control», ya que como responsable de Presupuestos, aprobó 12 modificaciones presupuestarias que supusieron una ampliación de fondos para dichas ayudas por valor de 57 millones de euros.

«Parece pues que lo que se pretendía por el inculpado, en connivencia con otros, era conseguir un sistema fácil para la concesión de ayudas sociolaborales, de forma que bajo el argumento de la agilidad y de la paz social se otorgaran las citadas subvenciones de espaldas a la Intervención y a cualquier control», señala el auto judicial.

Aunque la cuantía de la fianza cayó como un jarro de agua fría entre los altos cargos implicados, la cifra está muy alejada de otras impuestas por Alaya, como los 807 millones con quedeberá responder el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los 686 de fianza civil de l exdirector general Javier Guerrero.

En cambio, Alaya no ha fijado fianza al exinterventor, Manuel Gómez, al que fuera director de fianzas de IDEA , Antonio Díz-Lois, ni a la ex secretaria del exdirector de Trabajo, María José Rofa, de quen valora su «contribución al esclarecimiento de la causa».

Además, la magistrada ha autorizado que pueda haber más de un imputado representado por el mismo letrado. Era el caso de José María Mohedano, defensor de Lozano y de su sucesor en el cargo, Buenaventura Aguilera, cuya declaración ante la jueza se celebrará esta mañana.