Incentivos fiscales y ventanas de liquidez

El Gobierno estudia cambios en la regulación de los planes de pensiones y seguros de ahorro previsión con el objetivo de impulsar el segundo y el tercer pilar de las pensiones (los planes de empresa y los planes y seguros individuales, respectivamente).

Por ejemplo, incentivos fiscales para 'licuar los bienes', es decir, transformar el ahorro acumulado en viviendas u otro tipo de patrimonio en rentas vitalicias, de tal forma que si un jubilado decide vender su casa y destinar todo el dinero obtenido a un seguro de renta vitalicia la plusvalía obtenida por la venta esté exenta. El Ejecutivo también tiene sobre la mesa la apertura de nuevas ventanas de liquidez en los planes de pensiones. En la actualidad, los planes de pensiones son ilíquidos hasta la jubilación y sólo se puede recuperar el dinero antes de eso en caso de paro de larga duración, enfermedad grave o embargo de la vivienda habitual.

Lo que el sector le pide al Ministerio de Economía y al Ministerio de Hacienda es que exista una posibilidad de recuperar el dinero a los diez años de apertura del plan de pensiones pagando los impuestos diferidos por las aportaciones realizadas durante esos años (esas aportaciones han permitido reducir la base imponible en el IRPF). Este sistema existe ya en el País Vasco. La comisión de expertos encargada de diseñar la reforma fiscal, presidida por Manuel Lagares, tiene entre sus líneas de reforma los planes de pensiones. Pero, además de los incentivos fiscales, el Gobierno quiere extender el ahorro previsión imitando una medida que ya existe en Reino Unido y Nueva Zelanda.

Cuando David Cameron, primer ministro británico, vio el batacazo que se había dado el ahorro-previsión con la crisis (de representar el 6% de la renta disponible de los británicos cayó al 2%) optó por una medida radical: obligar a que todas las empresas hicieran un plan de pensiones cuasiobligatorio para sus trabajadores, es decir, que salvo renuncia expresa del trabajador, se aplica el plan por defecto.

El Gobierno quiere implantar un sistema menos contundente, de manera que todas las empresas estarán obligadas a ofrecer a sus trabajadores una alternativa de ahorro previsión, pero las aportaciones serán a cargo del trabajador y éste, lógicamente, tendrá que dar su aprobación. Pero no quiere que estas nuevas medidas coincidan con el debate sobre la reforma del sistema público de pensiones.

En España, la tasa de esfuerzo de los hogares ya era baja antes de la crisis pues destinaba sólo el 2,38% de su renta en 2007, pero con la recesión ha bajado al 0,77%. El ahorro previsión no ha bajado por la crisis en Suecia -que ahorra para la jubilación casi el 10% de su renta disponsible-, Suiza o Dinamarca, con tasas superiores al 7% y al 8%, respectivamente.