Andalucía se rebela y estudia cómo dejar sin aplicar el copago farmacéutico

Andalucía ha sido una de las primeras comunidades en rebelarse contra el nuevo sistema de copago de fármacos hospitalarios y anuncia que estudiará el margen legal que le queda a la región para no aplicarlo. La Junta reiteró ayer su intención de que no sean los ciudadanos quienes asuman el coste adicional, sino las farmaceúticas, y recordó que el Gobierno central ha paralizado en varias ocasiones la subasta de fármacos que buscaban recortar el gasto de la administración.

Fue la propia presidenta autonómica quien anunció que se estudiará la letra pequeña de la nueva medida, que supone que los pacientes crónicos o con enfermedades graves (como el cáncer, la hepatitis, la artritis o la esclerosis múltiple) tengan que asumir hasta el 10% del coste de fármacos que hasta ahora obtenían de forma gratuita en tratamientos ambulatorios. Susana Díaz subrayó desde Huelva que la Junta «no está de acuerdo» con que «el coste adicional del medicamento lo sufran los ciudadanos» e insistió en que deben ser las grandes industrias farmacéuticas las que, en el actual contexto económico, lo asuman.

Esfuerzo de otros

«Los ciudadanos están pagando la inmensa mayoría del coste de la crisis, y ya no pueden más», aseveró Díaz. «Creo que ahora el esfuerzo le corresponde a otros que no lo han hecho en estos cinco años de crisis». Así, Díaz anunció que la Consejería de Salud estudiará la capacidad de margen que tiene la comunidad para ponerlo en marcha antes del 1 de octubre, fecha en la que entra en vigor, una decisión a la que se suman regiones como el País Vasco, que prepara un decreto alternativo.

La presidenta regional recordó que «ahora es cuando cobra sentido la subasta de medicamentos» que propuso el Gobierno andaluz y que fue paralizada dos veces en los tribunales por el Gobierno central al entender que invade competencias estatales.

La subasta de medicamentos consiste en sacar a concurso la adquisición de los principios activos que suelen ser más prescritos en la red sanitaria pública (entre otros, protectores gástricos, antihipertensivos o analgésicos), lo que permite ajustar el precio a la baja con los laboratorios. De esta forma, el que ofrece un precio menor se lleva la concesión, y se garantiza que sean sus medicamentos los que se dispensan en los hospitales andaluces. La rebaja para la administración puede llegar a ser de hasta el 50%, por lo que en 2011, cuando se puso en marcha, la Junta concluyó que se podría ahorrar hasta 300 millones de euros anuales.