La acusación pide imputar a Álvarez-Cascos y Acebes

La acusación popular del 'caso Bárcenas', en la que están incluidos Izquierda Unida y la Asociación Libre de Abogados, entre otros colectivos, solicitó ayer al juez instructor Pablo Ruz la imputación de los ex secretarios generales del PP Francisco Álvarez- Cascos y Ángel Acebes. Les acusan de doce delitos, entre ellos, asociación ilícita, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delito contable, delito fiscal, alteración de precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, encubrimiento, fraude, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales.

Los querellantes consideran que, como figuras clave en el Partido Popular -de 1989 a 1999, y de 2004 a 2008, respectivametne- pudieron desempeñar un papel determinante en la presunta financiación ilegal de la formación, registrada en los llamados 'papeles de Bárcenas'. A Álvarez-Cascos, que ya declaró como testigo el pasado mes de agosto, le acusan de haber percibido 600.000 euros en sobresueldos, algunos de ellos como ministro, pero además sostienen que hay una relación directa entre pagos apuntados por el extesorero en su cuaderno y las adjudicaciones a las empresas donantes durante su etapa en Fomento. Adjudicaciones que crecieron, dicen, exponencialmente.

La ampliación de la querella no se queda, justamente, en los cargos políticos y se dirige también contra trece empresarios, además de contra el exgerente del PP gallego Ángel Piñeiro y la directiva de Ads Brokers, compañía de inversión de capitales, Pilar Pulido Sánchez. Entre los empresarios está Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal; Rafel Palencia (Degremont Iberia); el productor televisivo José Luis Rodríguez Moreno; Lucio Moreno de Guerra (Applus); Cecilio Sánchez Martín (FCC); Camilo José Alcalá Sánchez (Cyopsa-Sisocia); José Antonio Romero Polo (Grupo Romero Polo); y José Luis Suárez, expresidente de Copasa. También incluyen en la demanda a Vicente Cotino Escrivá (Sedesa), sobrino del presidente de las Cortes valencianas Juan Cotino, del que piden que declare como testigo; Joaquín Molpeceres Sánchez (Licuas); Antonio Pinal Gil (Bruesa Construcción); Ignacio Ugarteche González de Langarica (Urazca); y Ramón Aigé Sánchez (Sorigue-Acsa).

IU les acusa de «falsear» las cuentas de las entidades que administraban para «ocultar el dinero con el que se efectuaban pagos irregulares» a Luis Bárcenas.