El ex número dos de Susana Díaz se niega a declarar y alega falta de garantías

Después de un tenso interrogatorio, en el que la jueza Alaya llegó a acusarle de «hacer teatro», el exviceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Lozano, se acogió a su derecho a no declarar y alegó falta de garantías.

Lozano, imputado junto con una veintena de altos cargos en relación con el posible uso fraudulento de las transferencias de financiación para pagar EREs y ayudas irregulares, comenzó a declarar con 45 minutos de retraso. La magistrada le leyó entonces el escrito de imputación, en el que le acusa de delitos de malversación y prevaricación por haber participado en doce modificaciones presupuestarias de la partida 31Lpor valor de 57 millones de euros durante los años 2002 a 2009, cuando ocupó el cargo de director general de Presupuestos, a las órdenes de Magdalena Álvarez.

Su abogado, José María Mohedano, pidió un receso para estudiar la imputación, a lo que la jueza se negó. También reclamó que se grabara la declaración y, ante la negativa de la magistrada, aceptó que el imputado dictara las respuestas.

Alaya considera que grabar la declaración «aumentaría la expectación mediática», pero Mohedano declaró tras la sesión que su intención es «que se vea lo que pasa en los interrogatorios».

Según Mohedano, «lo que se hace en este juzgado es incorrecto», ya que considera que la jueza hace «reconvenciones sistemáticas al declarante, con coloquios y diálogos, interrumpiéndole en sus declaraciones». La diferente interpretación de una respuesta llevó a Mohedano a decir que eso no era lo que el declarante había manifestado y que Alaya «está dictando la contestación a algo que él no ha dicho».

La tensión fue creciendo, al recriminar Alaya a Mohedano que tirara de la chaqueta o intentara pasar notas a su defendido, por lo que le conminó a alejarse de él, hasta acusarle de estar «haciendo teatro», ante lo cual, tras un breve receso, Lozano se acogió a su derecho a no declarar al considerar que se vulneraban sus garantías.

Lozano declaró que las trasferencias de financiación fueron un mecanismo aprobado por el Parlamento y dijo que como director general de Presupuestos nunca intervino en el reparto de las partidas asignadas a cada área. Admitió que no debían utilizarse para pagar las ayudas sociolaborales investigadas.

La jueza afirma que Lozano conocía el uso inadecuado de estas partidas y que se eludía la fiscalización de la Intervención General de la Junta para «conseguir un sistema fácil para la concesión de ayudas sociolaborales, de forma que bajo el argumento de la agilidad y la paz social se otorgaran», «vulnerando los principios de objetividad, libre concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación».

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción anunció ayer su oposición al recurso de la exministra Magdalena Álvarez contra su imputación en el caso de los ERE. Considera el fiscal suficientes los motivos expuestos por Alaya y que el auto «cumple su función», como ya hizo al rechazar el presentado por la Junta contra el mismo auto.

El recurso de Álvarez alegaba la ausencia de delito en la utilización de las transferencias de financiación, negaba la competencia de la Consejería de Hacienda sobre el procedimiento y toma de decisión acerca de la financiación y concesión de ayudas y aludía también a la prescripción de estos presuntos delitos.