Mas quiere forzar a Rajoy a que diga «no» a la consulta en el Congreso

En los dos o tres meses que quedan hasta final de año, la fecha tope que se han dado CiU y ERC para fijar la fecha y la pregunta de la consulta, el Gobierno catalán, por la presión de Esquerra Republicana, intensificará la defensa del derecho a decidir en sede parlamentaria, tanto en Cataluña como en las Cortes Generales de Madrid.

En paralelo, la Generalitat quiere explorar seriamente la oferta de diálogo de Mariano Rajoy, pero siendo consciente de que el entendimiento es muy complicado ya que si una parte, el Gobierno central, solo quiere hablar de financiación y la otra, el Ejecutivo catalán, solo del derecho a decidir, el diálogo puede ser de sordos.

La pretensión de Mas de negociar puede ser sincera, aunque la voluntad de querer sentarse a hablar también esconde una intención estratégica, la de cargarse de razones ante la comunidad internacional. De tal manera que si llegado el caso de que se viera obligado a optar por la vía unilateral porque le resultara imposible convocar una consulta con el acuerdo o la tolerancia del Ejecutivo central, y tuviera que optar por la confrontación, ya sea una consulta con las leyes catalanas o mediante unas elecciones plebiscitarias, nadie en los foros internacionales le pueda decir que no lo intentó hasta el final y no agotó todas las vías institucionales.

Mas esperaba un «no rotundo» a su petición de poder celebrar un referéndum el año que viene. Pero ante la respuesta no tan tajante del presidente del Gobierno, CiU busca ahora la fórmula para forzar al Parlamento español a votar sobre la solicitud de convocar un referéndum, que recibiría un rechazo muy contundente por parte de al menos PP, con Rajoy a la cabeza, PSOE y UPyD.

En paralelo, Mas pretende someter a votación en el Parlamento catalán -podría hacerlo al final de mes, con motivo del debate de política general- el manifiesto a favor de la consulta que ha elaborado el expresidente de la cámara autonómica Joan Rigol como conclusión de la primera reunión del pacto nacional por el derecho a decidir y que podría ser apoyado por el 80% de los diputados del Parlamento de Cataluña.

Con el «no» del Parlamento español y el «sí» de la Cámara catalana, Mas se sentiría legitimado para acudir a los organismos internacionales y denunciar que el Estado español se niega a dejar votar el pueblo catalán. Un extremo que a día de hoy no podría hacer porque, tal y como reconoció anteayer el presidente del consejo asesor sobre el derecho a decidir, Carles Viver i Pi-Sunyer, la carta enviada por Rajoy no acaba de cerrar todas las puertas y todavía no se puede afirmar de manera categórica que el Gobierno de Mas no puede celebrar una consulta pactada con el Ejecutivo central.

Calabazas

La Generalitat ha confiado desde el inicio del proceso en el amparo europeo, pero por ahora de la Unión Europea solo cosecha calabazas. Más que eso. En dos días, y de manera consecutiva, las instituciones europeas han enfriado el futuro estado catalán. El lunes fueron el comisario Joaquín Almunia y la portavoz de la Comisión, y ayer fue el portavoz del Parlamento europeo, el catalán Jaume Duch, quien recordó al Gobierno de Mas que la secesión de un territorio de un estado miembro de la UE supone su salida «automática» de la Unión. Además, advirtió de que una vez fuera, para luego entrar, es necesario ser un estado de la ONU, para lo que hace falta el apoyo de dos terceras partes de su consejo de seguridad, y posteriormente hace falta el acuerdo unánime de los 28 socios europeos, España incluida, y que por tanto no es lo mismo marcharse por «el balcón que por la puerta».

Nuevo jarro de agua fría para el Ejecutivo catalán que insistió ayer en que el debate ahora no debe centrarse en si Cataluña quedaría fuera de la UE, sino que a su juicio debería girar en torno a si Cataluña puede o no votar su futuro. En cualquier caso, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, señaló que la postura de la Comisión aún no ha quedado fijada de manera categórica porque de la misma manera que Almunia y Viviane Reding han expresado que Cataluña quedaría excluida, también han emitido en el pasado opiniones en sentido contrario.

En la misma línea se manifestó el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, que defendió que no hay «ninguna ley ni ninguna directiva europea» que contemple este supuesto y reclamó que se aplique al caso catalán el mismo criterio que se utilizó en la unificación de Alemania.