El Constitucional tumba las recusaciones de la Generalitat contra su presidente

El pleno del Tribunal Constitucional, después de tres jornadas de debate, acordó ayer casi por unanimidad rechazar las 25 recusaciones que contra su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, presentaron la Generalitat y el Parlamento catalanes por considerar que estaba inhabilitado para solventar los conflictos entre las instituciones de Cataluña y del Estado al haber sido militante del PP entre 2008 y 2012, situación que mantuvo incluso después de ser sido elegido magistrado de la corte.

De los once magistrados con derecho a voto solo dos discreparon del criterio general, Luis Ortega y Fernando Valdés, ambos designados a propuesta del PSOE, que en sus votos particulares se mostrarán partidarios de que la afiliación de su presidente sí es causa para poner en duda su apariencia de objetividad en la resolución de determinados recursos, motivo por el que consideran que debería de abstenerse en ellos.

Las instituciones catalanas defendieron en sus impugnaciones que la militancia de De los Cobos le dejaba marcado e inhabilitado para debatir los recursos que les afectasen y en los que la parte contraria fuese el Gobierno de Mariano Rajoy o el propio PP.

Es más, en apoyo de la impugnación principal, consideraron que su apariencia de parcialidad aún se veía más confirmada porque en 2010 ocultó al Senado la tenencia de un carné del PP en el examen de idoneidad al que le sometió la cámara, porque durante años participó en proyectos de la Fundación FAES -el foro de ideas de los populares-, y porque en 2006 escribió un breve libro de aforismos, 'Parva memoria', en el que creen que volcó expresiones que denotan su desprecio por el nacionalismo catalán. «No hay en Cataluña acto político que se precie sin una o varias manifestaciones de onanismo», rezaba uno de ellos.

Entre los asuntos en los que le impugnaron está la declaración parlamentaria que predica la soberanía de Cataluña, en este momento suspendida por el Constitucional, y leyes autonómicas como la del cine, la de educación o la que prohibió las corridas de toros. Sin duda, el objetivo principal de su impugnación no era apartarle de los 25 asuntos actualmente en litigio sino del papel fundamental que a medio plazo el Constitucional tendrá a la hora de testar la legalidad o no de las medidas de la hoja de ruta soberanista catalana, y en especial de todo lo relacionado con la consulta.

Inadmisión «de plano»

El pleno del tribunal, compuesto por once miembros porque De los Cobos tuvo que ausentarse del debate, rechazó los argumentos de la Generalitat y el Parlamento catalán y liberó al presidente de las recusaciones con el apoyo de los siete magistrados conservadores y de tres de los progresistas, liderados por la vicepresidenta, Adela Asúa, que además actuará de ponente. De hecho, ni siquiera rechazan las recusaciones sino que las inadmiten a trámite «de plano» por falta de motivación.

La gran mayoría de la corte descartó que el hecho de militar en un partido inhabilite a los magistrados para debatir y votar sobre recursos de cualquier tipo. Recuerda que la ley y la propia doctrina del Constitucional señalan que lo que les está vedado es ocupar cargos de tipo directivo en esas formaciones políticas.

Estos nueve magistrados también rechazaron que el hecho de no revelar su afiliación en el Senado, sus colaboraciones con FAES o el contenido del volumen 'Parva memoria' aporten elementos objetivos adicionales a la simple militancia para dañar su apariencia de imparcialidad ante los litigios.

Los juristas, sin embargo, no valoraron las frases dichas por De los Cobos en 2005 en una conferencia en su Yecla (Murcia) natal porque no estaban incluidas en los escritos de recusación. Una de ellas indicaba que varias generaciones de catalanes «han sido educadas en el desprecio, expreso o tácito, hacia la cultura española».

La resolución, que como los votos particulares se conocerá en unos días, vacuna al presidente contra futuras recusaciones sustentadas en idéntico argumento y aligera la presión que desde hace semanas tiene para que dimita para no dañar más la imagen de imparcialidad del tribunal, petición realizada por PSOE, CiU, IU, y UPyD, entre otros.

El «no» de ayer parece que es el camino que le espera a las impugnaciones presentadas por Arnaldo Otegi y el juez Baltasar Garzón, para que se revisen resoluciones que les conciernen y en las que participó De los Cobos, o para las recusaciones, si llegan a materializarse, que anunciaron los ejecutivos autonómicos de Andalucía y Asturias.

El auto puede cegar la vía jurídica para su dimisión, pero no la política. El PSOE, como aseguró ayer Manuel Chaves, sigue pensando que el simple hecho de que ocultase su militancia en el PP en el examen del Senado ya es motivo suficiente para que deba dejar el tribunal.