Torres-Dulce sale en defensa de la «unidad de la nación»

El fiscal general del Estado metió de lleno el pulso soberanista catalán en el primer minuto del solemne acto de apertura del año judicial. Los dos párrafos iniciales de su discurso, con la excusa de saludar a la figura del Rey, que es quien siempre preside el acto, se convirtieron en un compendio de los artículos de la Constitución de 1978 que predican «la unidad de la nación» y el papel del Monarca como «jefe del Estado» y «símbolo de su unidad y permanencia».

En su intervención, Eduardo Torres-Dulce, en cuyos nueve folios no volvió a hacer alusión al conflicto territorial, destacó que «Monarquía y Estado, Nación y Constitución, son fundamento de la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Eso sí, no cambió de tema sin remarcar que pronunciaba las palabras en el salón de plenos del Tribunal Supremo, la cúspide de la Justicia española.

El jefe del Ministerio Público sin duda quiso recordar el papel central que la Justicia -tribunales y Fiscalía- tendría ante cualquier tentación de los mandatarios catalanes de adoptar acuerdos o consultas que vulneren la Carta Magna.

Es el segundo año que el soberanismo catalán toma protagonismo en la inauguración del curso de los tribunales. En 2012 fue de la mano del Rey, que utilizó los corrillos de la recepción posterior a los discursos para anunciar que había colgado una carta en la web de Zarzuela, la polémica misiva con la que, una semana después de la anterior Diada, llamaba a la unión de los españoles frente al desafío independentista y calificaba las pretensiones nacionalistas de «quimera».

La tensión entre el Gobierno y Cataluña compartió este año protagonismo en los discursos con otros dos temas: la lucha contra la corrupción y la necesidad de más medios y una política de Estado para la Justicia.

La bandera de la lucha contra la corrupción la tomó también Torres-Dulce. Invirtió un tercio del discurso en denunciar la trascendencia social de esta lacra y en reclamar un amplio plan de actuación judicial y administrativo contra los corruptos, porque cree que los tribunales quedan «en evidencia» cuando no son capaces de dar «un respuesta solvente y tempestiva» a muchos casos, porque defraudan las expectativas ciudadanas.

Infiltrados

Recordó que el número de investigaciones de corrupción ha crecido un 50% en los últimos seis años y las sentencias en un 151%, pero reclamó más medios humanos y materiales, con la especialización y la tecnología adecuadas, para impulsar las pesquisas en las provincias. También solicitó cambios legales para poder aplicar a la persecución de los corruptos técnicas y medidas similares a las del crimen organizado, como infiltrados, arrepentidos, incautaciones de bienes y fianzas cautelares, etc. Y, como tercera pata, pidió más mecanismos de control en la Administración -refuerzo de la Intervención-, incompatibilidades más duras y poderes de investigación y sanción para el Tribunal de Cuentas.

El discurso de despedida de Gonzalo Moliner como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tuvo como punto central la reclamación a los partidos, especialmente a PP y PSOE, de la recuperación un pacto de Estado por la Justicia para concluir el proceso de modernización, aprobar los importantes cambios legales que hay en el horizonte y aumentar una plantilla insuficiente.

Moliner también pidió a los dos grandes partidos que, si quieren mejorar la legitimidad del órgano de gobierno de los jueces, utilicen el «consenso» y no las tradicionales «cuotas» ideológicas como sistema para renovar antes de noviembre a los 20 miembros del nuevo CGPJ.