Alaya abre nuevas diligencias por una trama de comisiones ligada al 'caso ERE'

La jueza Mercedes Alaya volvió a sorprender ayer tarde al conocerse un auto en el que anuncia la apertura de otra investigación derivada del caso de los ERE fraudulentos.

Se trata de un auto firmado el 12 de septiembre y difundido por la agencia Europa Press en el que la magistrada de instrucción número 6 se refiere a un oficio presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que «profundiza» en las investigaciones que dieron lugar a la 'Operación Heracles', centrada en la trama de sobrecomisiones a sindicalistas y aseguradoras y que se saldó con 22 detenidos.

Sin embargo, la jueza habla de delitos diferentes de los hasta ahora investigados, por lo que acuerda deducir testimonio de actuaciones practicadas dentro del secreto del sumario e incoar nuevas diligencias previas, distintas a las del 'caso ERE'.

Fuentes consultadas aventuraban la posibilidad de que estas nuevas tramas se relacionen con la operación Madeja', vinculada a un alto cargo socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Domingo Enrique Castaño, que habría recibido dádivas a cambio de adjudicaciones y contratos.

Recurso de la Junta

Por otra parte, los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía no preparan recurso contra el auto de la jueza hecho público el pasado día 10 de septiembre en el que «señalaba» la posible imputación de los expresidentes Chaves y Griñán y los exconsejeros Viera, Avila, Aguayo, Recio y Vallejo.

La Junta, que sí recurrió en julio pasado la imputación de una docena de altos cargos, entre ellos la exconsejera Magdalena Álvarez, considera que en este caso no procede la apelación por la ausencia de efectos jurídicos del auto en cuestión, que sí ha sido recurrido por la Fiscalía Anticorrupción.

Si en el caso del recurso anterior la decisión le fue censurada por el PP-A, que dijo que no se puede ser acusación y defensa a la vez y pidió a la jueza que expulsara a la Junta de la causa, ahora es el socio de Gobierno, el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, quien rechaza que la institución recurra a esta figura. Maíllo cree que la Junta de Andalucía debe ser «coherente» con la línea de acusación que mantiene y no debe «salir en defensa de nadie».

Preocupación

Ente tanto, y como ya hiciera en un reciente auto la Fiscalía anticorrupción, la Memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía ha expresado su preocupación por la «cierta ralentización» o «paralización» de la instrucción del caso de los ERE, por lo que ha pedido que «se impulse de manera decidida».

Se trata de una indicación de la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, recogida en la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de la que informa la agencia Efe.

Según la Memoria, la Fiscalía ha solicitado al juzgado de instrucción 6 de Sevilla «que se impulse de manera decidida el trámite del resto de las actuaciones pendientes al detectarse cierta paralización, así como la falta de respuesta a peticiones y recursos presentados por las demás partes».

Por su parte, el fiscal superior andaluz, Jesús García Calderón, expresa en la Memoria «de manera explícita», su agradecimiento ante el «enorme y discreto esfuerzo realizado por los fiscales delegados de la Fiscalía Anticorrupción y la Sección de Delitos Económicos de Sevilla» que llevan los casos ERE o Invercaria, entre otros. Esa dedicación «resulta imprescindible y completamente necesaria para articular, en su día, la exigencia de responsabilidad que corresponda ante los órganos jurisdiccionales que resulten competentes» de enjuiciar esos asuntos, añade el texto.