El presidente del Bundesbank, con los ministros europeos de Economía, en Vilna. :: VALDA KALNINA / EFE
Economia

Europa tropieza en la unión bancaria

Los ministros de Economía de la UE muestran sus reticencias a que la Comisión tenga la última palabra a la hora de liquidar una entidad

BRUSELAS. Actualizado: Guardar
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La reunión del consejo de ministros de la UE (Ecofin) celebrada ayer en Lituania volvió a evidenciar que intentar poner de acuerdo a 28 países de la más diversa ideología e idiosincrasia es poco menos que una odisea. Y más cuando de lo que se habla es de cuestiones económicas. Europa ha vuelto a tropezar en la piedra de la unión bancaria, un instrumento «esencial» para que la Unión salga fortalecida de la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Hay un acuerdo unánime en el fondo, en su impulso, pero no en las formas, en los procedimientos. Con el órgano supervisor único bancario ya en ciernes -el jueves recibió el plácet del Europarlamento-, el siguiente paso es la creación del llamado Mecanismo Único de Resolución, encargado de futuras liquidaciones de bancos en problemas. Y como era de esperar, el consenso es inexistente.

Países como Alemania -pendiente de las elecciones del día 22-, Reino Unido o Suecia rechazan la propuesta de la Comisión de autoencomendarse la última palabra a la hora de reestructurar o cerrar una entidades financiera. Dudas sobre su legalidad y su negativa a ceder soberanía avalan el rechazo. Aunque en el órgano estarían presentes los socios o el BCE, solo el Ejecutivo comunitario tendría potestad plena para tomar decisiones futuras que se presumen más que delicadas, sobre todo a raíz de los exigentes test de estrés que el BCE hará a los bancos europeos en primavera y que según algunos analistas podría deparar alguna sorpresa dado que el listón de la exigencia se va elevar mucho más que en las dos ocasiones anteriores.

«Soy muy pragmático y muchos ministros dicen que por qué dar este rol a la Comisión. Yo estoy dispuesto a trabajar en otra idea, si me dan una idea mejor», reconoció ayer Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y 'padre' de esta propuesta. Pese a todo, se mostró optimista de cara a inminentes negociaciones ya que, recordó, «lo mismo sucedió con el órgano supervisor y ya ha sido aprobado por el Parlamento».

Un mensaje quizá demasiado halagüeño que no comparte gran parte del Ecofin, como dejó entrever el ministro español de Economía, Luis de Guindos: «La propuesta de la Comisión no genera el suficiente consenso, por decirlo de forma clara y suave». No lo hace ni en el Gobierno de Mariano Rajoy, que ayer y ante la sorpresa de países como Francia se desmarcó de la iniciativa por las divergencias suscitadas. España se puso de perfil, una postura que en la práctica beneficia a los intereses alemanes pero que según De Guindos, tiene toda su lógica. «La unión bancaria no puede esperar más y lo que importa es seguir avanzando, aunque sea de forma progresiva, con pasos intermedios», aclaró.

Navidad, el objetivo

Navidad es la fecha fijada en rojo por el Ecofin para la aprobación del Mecanismo Único de Resolución o los derivados que surjan en las próximas semanas. El objetivo es que sea aprobado por la Eurocámara antes de que finalice la legislatura -hay elecciones en mayo- para crear un cortafuegos ante posibles incertidumbres en los mercados. Y es que las dudas sobre Grecia y su tercer rescate o la inestabilidad política en Italia amenazan con romper el clima de optimismo generado en Europa tras dejar atrás la recesión tras 18 duros meses.

La opción que ahora cobra más fuerza y que lidera Alemania es la creación de fondos de liquidación de carácter estatal coordinados desde Bruselas. «Queremos que la unión bancaria se haga rápidamente pero sobre una base sólida», recalcó su ministro de Economía y mano derecha de Merkel, Wolfgang Schäuble.

Por otra parte y ante las dudas generadas en los últimos días, el Ecofin concluyó que hay suficiente base legal para la aplicar la llamada 'Tasa Tobin' para grabar las transacciones financieras. Once países han mostrado su disposición a implantar una tasa que dejaría en las arcas públicas entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año, de los que 5.000 corresponderían a España.