Susana Díaz saca de su Gobierno al último cargo imputado por los ERE
Tras renovar las consejerías pasa al segundo nivel y destituye al viceconsejero de Presidencia, que en unos días declarará ante la juez
SEVILLA. EL PROCESO DE DEPURACIÓN DEL EJECUTIVO ANDALUZ PARA DEJARLO LIBRE DE TODA SOSPECHA POR LOS ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN CONCLUYÓ AYER CON EL RELEVO DEL HASTA AHORA VICECONSEJERO DE PRESIDENCIA, ANTONIO LOZANO, QUE EN LO QUE VA DE LEGISLATURA EJERCIÓ DE NÚMERO 2 DE LA AHORA PRESIDENTA SUSANA DÍAZ. Actualizado: GuardarLozano está citado a declarar la próxima semana ante la juez de los ERE por su papel como director general de Presupuestos durante la época en que se concedieron las ayudas irregulares. Según aclaró el portavoz del Ejecutivo andaluz, ha sido Lozano quien ha pedido el cese «por voluntad propia».
Concluye así un proceso que comenzó con la dimisión como presidente de José Antonio Griñán, que quiso preservar la institución de la trifulca política por el considerado mayor escándalo de corrupción conocido en la región y cerró su relevo en tiempo récord. El mensaje lo recibió su sucesora, que aprovechó la composición de su gabinete para apartar a los dos exconsejeros relacionados directa o indirectamente con el 'caso ERE', como la responsable de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, o el de Economía, Antonio Ávila.
Los tres están señalados en el último auto de la juez Alaya, aunque su imputación no es aún formal. En este sentido, Díaz eludió ayer valorar en una entrevista en la cadena SER si cuando se produzca esa imputación solicitará a Griñán que abandone su puesto en el Senado. «Es un futurible que aún no se ha producido», zanjó, sin pronunciarse siquiera sobre la generalidad de que un imputado ocupe un cargo público.
Aunque ella no participó en la votación del parlamento autonómico para designar a su antecesor -a esa hora viajaba a Madrid para ser recibida en audiencia por el Rey-, lamentó la «injusticia» de que dos expresidentes «íntegros» no estén imputados pero sí señalados «mediáticamente».
