Marruecos accede a que el pederasta Galván cumpla su condena en España

Marruecos ha transmitido al Gobierno su compromiso para que el pederasta Daniel Galván, en la actualidad en prisión preventiva por orden de la Audiencia Nacional tras ser indultado el pasado mes de agosto por error por el rey Mohamed VI, cumpla el resto de la condena en una cárcel española.

Las autoridades marroquíes han transmitido al Ministerio de Justicia que entienden que el preso, condenado a 30 años por el Tribunal de Kenitra (norte del país) por abusar de once menores de entre 2 y 14 años, es un ciudadano español y debería concluir su pena aquí, en virtud del convenio de extradición vigente entre los estados.

Asimismo, delegaciones de ambos países han convenido que se continúe con el procedimiento de entrega solicitado por Rabat en cumplimiento de los pasos previstos en el citado acuerdo jurídico, según informó ayer el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón. Esto quiere decir que se da continuidad al formalismo del reglamento, pero que la decisión de que Galván cumpla los 28 años de pena restantes en España ya está tomada. No obstante, esta era la única salida para que el reo no hubiese quedado libre, después de que Mohamed VI procediera a su indulto junto a otros 48 presos españoles a finales de julio, lo que fue aprovechado por Galván para trasladarse hasta Murcia, donde fue arrestado por orden del juez central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en cumplimiento de una orden de detención del Tribunal de Kenitra.

Reunión

La letra gruesa del acuerdo fue negociada en una reunión entre representantes de las autoridades españolas y magrebíes, celebrada en Madrid el pasado 6 de agosto, un día después de la detención, en la que se acordó que el país vecino solicitara formalmente la extradición.

En el caso de que la Audiencia Nacional, tribunal competente, considere imposible la entrega de Galván dada su nacionalidad española, la solicitud remitida por Marruecos incluye otras peticiones subsidiarias. Entre ellas, que sea la Justicia española la que proceda contra él por los hechos cometidos en Marruecos y que dieron lugar a una condena de 30 años de cárcel impuesta en 2011.

El juez Andreu decretó el pasado 6 de agosto su prisión provisional ante el riesgo de fuga y la gravedad de la pena impuesta mientras se tramitaba si cabe o no su extradición a Marruecos.

La decisión de detener al pederasta fue criticada en algunos sectores jurídicos, porque la legislación española no reconoce la revocación de un indulto por un error administrativo, que fue lo que hizo el rey Mohamed VI tras las protestas callejeras que generó este asunto, y la base que utilizó el tribunal marroquí de Kenitra para pedir su detención.

El pasado 31 de agosto, Galván, de 65 años, compareció ante un juzgado de Torrevieja y se declaró inocente en el proceso por los supuestos abusos a una menor de la zona en 2002. La denuncia fue interpuesta por el padre de la joven. Sin embargo, el abogado del pederasta de origen iraquí, que adquirió la nacionalidad tras ser traductor de las tropas españolas en la guerra de ese país en 2003, opinó que la denuncia se debió a un «ajuste de cuentas entre el denunciante y el acusado al negarse éste a estafar a una aseguradora por un accidente de tráfico».