El Gobierno descarta tocar la Constitución para satisfacer a los nacionalistas catalanes

El Gobierno, pese a las presiones de algunos sectores de su propio partido, descarta endurecer el tono de su respuesta pública al pulso soberanista de los nacionalistas catalanes. «Estamos serenos pero firmes, no podemos hacer otra cosa». Una frase, casi lapidaria, con la que Soraya Sáenz de Santamaría dejó claro que la posición del Ejecutivo no varía, pese a la demostración de músculo que hicieron los independentistas durante la pasada Diada. «Cumplir y hacer cumplir la Constitución», repitió la vicepresidenta del Gobierno a modo de mantra, durante la casi monotemática rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que se plantearon más de una veintena de preguntas sobre Cataluña.

Un margen del que Mariano Rajoy no piensa salir en su sigiloso diálogo con Artur Mas. El Gobierno descarta ofrecer una posible reforma de la Carta Magna, para permitir la celebración de referendos, a cambio de aplacar los ánimos separatistas. Rajoy, tal y como sostuvo en su discurso de investidura, no cree que se den las circunstancias adecuadas para impulsar cambios en la Constitución. ¿El motivo? Según Sáenz de Santamaría, los grupos parlamentarios propusieron, al inicio de la legislatura, reformas contradictorias entre sí. Un hecho que no garantiza que el nuevo articulado proporcione «un marco de estabilidad y convivencia al menos como el actual».

Sáenz de Santamaría sí avanzó que el presidente del Gobierno contestaría en 48 horas -previsiblemente el domingo- la carta que le envió Mas el pasado 26 de julio para reclamarle un acuerdo que permitiera celebrar a la Generalitat una consulta para la autodeterminación de Cataluña. La número dos del Ejecutivo no quiso avanzar nada del contenido de la misiva. Sin embargo, del resto de su intervención se desprende que Rajoy recordará a Mas que cualquier tipo de consulta soberanista vulnera la ley, según la sentencia que el Tribunal Constitucional dictó contra el denominado 'Plan Ibarretxe' en 2008.

Moncloa mide con pulcritud sus palabras en relación a las aspiraciones de CiU y ERC, para evitar echar más leña a un ambiente ya muy caldeado en Cataluña, pero que comienza a estarlo también en Madrid. Por ello sorprendió tanto la propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, de buscar fórmulas para que Cataluña «encaje en España», incluida una posible modificación del modelo territorial.

La lugarteniente de Rajoy hizo todo lo posible por no desmentir ni corregir públicamente al jefe de la diplomacia española, al que no citó expresamente pese a que los periodistas le interpelaron sobre si su idea, expresada en vísperas de la Diada, fue un comentario a título personal o se corresponde con la postura oficial del Gobierno.

Modelo de financiación

Sáenz de Santamaría se limitó a repetir las generales de la ley sobre la reforma del actual modelo de financiación autonómica, que debe abordarse el año próximo y podría beneficiar a Cataluña. La oferta dista mucho, en todo caso, del concierto económico que Mas exigió a Rajoy en 2012 y cuyo rechazo provocó el adelanto de las elecciones en Cataluña. Entre otras cosas, porque se abordará de manera multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera pero además porque, según la vicepresidenta, lo que buscará será «la mejor financiación de los servicios públicos y la igualdad de los españoles».

Las posiciones que el Gobierno y la Generalitat defienden en ese diálogo que mantienen en secreto Rajoy y Mas distan mucho, al menos en apariencia, de un acuerdo. Pese a ello, el Ejecutivo defiende que mantendrá sine die su mano tendida. «También somos Gobierno en Cataluña», espetó Sáenz de Santamaría después de recalcar que no piensan «abdicar» de sus obligaciones en una comunidad que tiene «importantes problemas de paro y necesita una mejor gestión de sus servicios públicos».

En esa línea, la vicepresidenta aprovechó que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social para intentar hacer pedagogía de lo que puede significar una ruptura con España. «Trabajamos para que todos los españoles, también los catalanes, tengan garantizadas sus pensiones», alegó.