La Fiscalía recurre el auto de la juez Alaya porque deja a Griñán y Chaves «indefensos»

La Fiscalía Anticorrupción decidió ayer finalmente recurrir el auto dictado por la juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, Mercedes Alaya, en el que señalaba pero no llegaba a inculpar a los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de a otros cinco exconsejeros de la Junta, por su papel en la trama. A su jucio, la resolución coloca a los ex altos cargos autonómicos en situación de indefensión. La Junta, por su parte, no ha aclarado aún si también se plantea recurrir antes de que el lunes finalice el plazo.

Lejos de instar a la juez a elevar la causa al Supremo, el tribunal competente para juzgar a diputados y senadores nacionales, la Fiscalía advierte a la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla de la necesidad de fundamentar mejor su resolución para evitar que se vulnere el derecho de defensa de todos los citados en su escrito. Es más, considera que, tal y como está redactado, el auto hecho público el martes, justo cuando el nuevo gobierno de la Junta presidido por Susana Díaz tomaba posesión, «genera la misma indefensión que pretende evitar» .

En este sentido, los fiscales se refieren al artículo de la ley de enjuiciamiento que esgrime la juez para poder informar a los aforados de la investigación sin imputarlos -dado que no es su competencia- y le recuerdan que la ley lo que pretende es que «conozcan qué se les imputa, de qué se les acusa y por ello, una vez conocido, ejercer, incluso en el juzgado de instrucción de origen y sin perder su fuero, los derechos comunes de cualquier imputado, pudiendo voluntariamente comparecer para declarar».

Así, la Fiscalía considera que el auto no permite conocer cuáles son los hechos investigados cuya responsabilidad se les puede atribuir a los siete aforados, y añade que los delitos a los que hace referencia -la juez habla de «cierta carga incriminatoria cerca de presuntos delitos de prevaricación y malversación» de fondos públicos- no tienen «la robustez o solidez» necesaria. «No contienen per se un relato suficiente de hechos o indicios criminalmente relevantes que afecten de manera precisa a cada uno de los aforados», argumenta.

Los fiscales también afean a la magistrada que, para invitar a cualquier implicado aforado a declarar por voluntad propia, «no basta con el mero traslado formal o rituario», sino que debe conocer la concreta calificación jurídica o la tipificación, aunque sea indiciaria, de tales hechos para que pueda ejercer su defensa.

De esta manera, y aunque Anticorrupción entiende que la totalidad de la carga incriminatoria no puede conocerse en este caso hasta que finalice la instrucción y se individualicen las piezas contra cada aforado, pide dejarlo sin efecto y sustituirlo por otro más motivado. Esta rectificación puede conducir a la juez a dar un paso atrás y evitar de nuevo dirigir la investigación hacia la cúpula de la Junta. En caso contrario, podría motivar la imputación de Chaves y Griñán y los exconsejeros de Economía, Hacienda e Innovación por su responsabilidad en la trama de las ayudas fraudulentas, pero entonces tendría que renunciar a continuar con la instrucción, que pasaría a manos del Supremo.

Por su parte, la Junta de Andalucía todavía no ha aclarado si tiene intención de recurrir el auto, y el consejero de Presidencia, en su primera intervención pública tras el Consejo de Gobierno, se limitó a repetir la fórmula de trámite: «Lo estarán estudiando».

Nuevo calendario

El recurso del ministerio público coincide con el nuevo calendario de declaraciones fijado por la juez tras la recomendación de la Audiencia de que agilice de forma razonable las citaciones a los 72 imputados de los 123 que aún no han declarado. Entre las nuevas citaciones se encuentra la de la exconsejera de Economía Magdalena Álvarez, cuya comparecencia se ha fijado al parecer para principios de otoño. La idea de la juez es ir cerrando cabos respecto a la parte política de la trama fraudulenta con intensas sesiones de interrogatorios, algunas de ellas con hasta tres y cuatro imputados.

El interrogatorio de Álvarez podría llegar así antes de que la Audiencia se pronuncie sobre el recurso presentado en junio por la exministra de Fomento contra su imputación, también supuestamente por delitos de prevaricación y malversación. La veterana política socialista recuerda en su recurso no solo la falta de motivación de la implicación, sino que además los delitos que se apuntan podrían haber prescrito dado que hace casi una década que abandonó la Junta de Andalucía y ella no pudo comprobar cómo se hicieron los pagos desde la Consejería de Empleo.