Susana Díaz aísla a su Gobierno del auto de Alaya pero defiende a Griñán

Susana Díaz creía haber levantado un dique de contención frente al escándalo de los ERE fraudulentos, pero no lo tendrá tan fácil. Un día después de que su equipo de gobierno, supuestamente libre de toda salpicadura, comenzara formalmente su andadura, la recién elegida presidenta de la Junta de Andalucía se vio obligada a dar la cara, una vez más, por sus antecesores, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, señalados en el último y polémico auto de la juez Mercedes Alaya como probables futuros imputados.

Díaz no solo defendió la «honorabilidad e integridad» de ambos expresidentes -en realidad, la relación de Griñán con la causa tendría que ver con su labor como consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009- sino que tildó de «inédita» la situación en la que les ha situado el escrito de la juez instructora. «Lamentablemente, elementos como éste dañan la imagen de personas que son honestas e íntegras que han dedicado su tiempo y los mejores años de su vida al servicio público y que son un ejemplo», alegó.

Sus palabras llevan implícito el reproche a una actuación judicial que los socialistas juzgan inexplicable. Lo creen así porque es jurídicamente neutro, no les convierte en inculpados ni tiene el más mínimo efecto sobre su estatus ante la Justicia y, sin embargo, crea el efecto ilusorio de una imputación en toda regla con los perjuicios que eso conlleva para el prestigio de los afectados (no solo Griñán y Chaves sino también otros cinco exconsejeros mencionados por Alaya).

Sin embargo, tanto Díaz -que cubrió el silencio mantenido a lo largo de todo el día por Griñán en una entrevista de la radio autonómica-, como el propio Chaves, que sí quiso comparecer ante los medios, eludieron verter sobre la magistrada nada que pueda considerarse una acusación directa de malversación. El expresidente sí dijo que resulta obvio que, sin afectar en absoluto al proceso judicial, el paso de la juez ha tenido en cambio «efectos políticos», pero optó por la cautela. «No voy a decir que la juez Alaya los busque pero tengo mi opinión», adujo. Chaves también alegó que se siente «indefenso» e incluso calificó el auto de «gratuito e innecesario» porque ni tan siquiera aporta, dijo, «ningún indicio de criminalidad individualizado contra ninguno e los citados». De haberlo, subrayó, Alaya debería enviar la causa al Tribunal Supremo y si no estaría incurriendo en prevaricación dado que, como diputado nacional, el exjefe de la Junta de Andalucía es aforado. Pese a todos sus reproches, el que fuera también presidente del PSOE, avanzó que no tienen ninguna intención de querellarse contra Alaya por el daño causado.

Sin abogado

«No tengo prevista estrategia de defensa, no tengo abogado ni lo voy a tener, lo que vayan a hacer el resto de los citados no lo sé», dijo trasladando así la imagen de que ni siquiera contempla la imputación. «En la Junta de Andalucía nadie se metió en un cuarto oscuro para inventarse una trama para que otros pudieran delinquir. El procedimiento de los ERE fue legal, rápido, quizá sin demasiado control ,pero el fondo de los ERE fue un fondo legal -añadió-. Se puso la confianza en algunos que lo utilizaron mal; que el peso de la Justicia recaiga sobre ellos».

El caso es que tampoco estas declaraciones sirvieron para quitar presión al Gobierno de Díaz. El diario ABC adelantó ayer que el nuevo consejero de Presidencia y hombre fuerte de su Ejecutivo, Manuel Jiménez Barrios, recibió una de las ayudas directas de la Junta en 2003 para montar una feria turística cuando era alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Dicha ayuda, por importe de 24.000 euros, consta en el sumario del caso ERE dado que los fondos salieron de la famosa partida 31-L.

El portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, se apresuró a señalar tras la reunión del Consejo de Gobierno que la ayuda se concedió con total «pulcritud», pero trató de no abundar en nada relacionado con el caso de los ERE. Su argumento fue el de que no hay «ninguna novedad» y que los ciudadanos están más interesados en el inicio del curso escolar. La consigna de no contribuir al ruido generado por Alaya llegó al punto de que Vázquez ni tan siquiera aclaró si, como ya ocurrió con la imputación en julio de una veintena de ex altos cargos, entre ellos la exconsejera Magdalena Álvarez, la Junta recurrirá el auto. Defendió que el asunto no había sido abordado por la presidenta y los consejeros y que su tónica será «trabajar y trabajar, y no dejar que nada nos despiste». Además, descartó que Díaz comparezca para dar explicaciones en el Parlamento, como pide el PP.