Menos de cuatro meses para cerrar un acuerdo por San Carlos
Los trabajadores vuelven a las protestas al no tener novedades en un proceso cuyo plazo expira en 2014, cuando dejará de mantenerse el centro
SAN FERNANDO. Actualizado: GuardarLa cuenta atrás continúa y todavía se está bastante lejos de cerrar un acuerdo entre Defensa y Junta para que el hospital de San Carlos deje de ser un recinto militar y se convierta en un equipamiento público. Quedan menos de cuatro meses, si el Ministerio cumple su palabra y deja de inyectar dinero para el mantenimiento del centro sanitario a partir de 2014. Y el problema no es que los plazos sean justos, sino la incertidumbre que existe al no haber novedades de la negociación, lo que preocupa a la plantilla, a los usuarios y a la plataforma que defiende los intereses de ambos, así como a colectivos sociales o partidos políticos de la ciudad.
Pasan los días, las semanas y los meses y no hay nada nuevo. Lo último que se sabe es que el Ministerio de Defensa entregó a la Junta en junio un borrador de propuesta de transferencia para que el Hospital de San Carlos pase a manos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Nada más. Ni respuesta, ni puntualizaciones, ni plazo para contestar. Aunque desde la Administración autonómica siempre se han mostrado optimistas con respecto al proceso. Especialmente con las reuniones periódicas basadas, según la Junta, en el entendimiento y la voluntad de cordialidad entre ambas partes para tratar asuntos como la cesión de la titularidad del edificio, la valoración de su contenido y equipamiento así como el futuro del personal. De hecho, desde la Consejería de Salud siempre se ha mostrado la seguridad de llegar a la fecha dada por Defensa, para dejar de insuflar aire económico al inmueble, y considera que se podrá cerrar un acuerdo antes de que llegue 2014.
Claro que todo eso era antes de que se produjeran los últimos cambios en el Gobierno andaluz. Y es que María Jesús Montero, que llevaba el tema como uno de sus asuntos claves, deja la cartera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para una nueva persona, María José Sánchez Rubio, anterior delegada del Gobierno andaluz de Granada. Un cambio que puede significar un retraso significativo, ya que tendrá que ponerse al día en un tema que cuenta ya con poco margen de tiempo para avanzar.
Todo ello cuando desde la Junta ni siquiera se confirma en qué se convertirá San Carlos y por el momento sólo ha hablado de posibles usos. Los vecinos de San Fernando reclaman el traslado de las urgencias a San Carlos y la puesta en funcionamiento de maternidad, pero si la Consejería de Salud y Bienestar Social utiliza el documento de la ampliación de convenio como hoja de ruta, lo que se propondría en un primer momento sería un incremento del 60,4% en consultas externas, del 57,1% en pruebas diagnósticas y del 28% en cirugía mayor ambulatoria. Todo se resume en contar con las primeras hospitalizaciones civiles, quirófanos y hasta 18 especialidades. Entre ellas: anestesiología y reanimación, aparato digestivo, cardiología, cirugía general y digestiva, cirugía ortopédica y traumatología, dermatología y venereología, endocrinología y nutrición, ginecología, hematología y hemoterapia, medicina física y rehabilitación, medicina interna, neumología, neurología, obstetricia, oftalmología, oncología médica, otorrinolaringología y urología.
De nuevo a la puerta
Ante esta falta de noticias, la plantilla ha decidido retomar hoy su calendario de movilizaciones a la espera de hacer presión en las administraciones para conseguir que se den nuevos pasos. La gran manifestación que recorrió las calles de la ciudad, sirvió como toque de atención y para que Defensa y Junta comenzaran a sentarse en torno a la cesión completa y gratuita del edificio.
Ahora lo que se solicita es agilidad en el proceso, pero también transparencia para evitar la incertidumbre que existe en torno al centro sanitario. Y es que todos son buenas palabras de lo que se quiere o pretende hacer, pero nada hay aún firmado o escrito sobre el papel y eso inquieta. Sobre todo porque poner el candado al equipamiento podría suponer que 300 personas perdieran su puesto de trabajo.