El PSOE acusa a Alaya de buscar un efecto «mediático»

Casi seis horas y media le costó al PSOE reaccionar al inusual auto de la juez Mercedes Alaya. Pero asimilado el golpe, lo hizo con contundencia. El principal partido de la oposición acusó a la instructora de los ERE fraudulentos en Andalucía de introducir confusión en un asunto delicado y dañar gravemente la reputación de los expresidentes de la Junta, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, a los que dijo haber convertido en «imputados mediáticos» sin que realmente haya cambiado lo más mínimo su situación judicial.

Los socialistas siguen sin saber en qué acabará la actuación de Alaya, pero insisten en que, como ella misma subraya en su escrito, no es la persona competente para inculpar formalmente a personas que por su condición de diputados autonómicos o nacionales están aforados ante la Justicia. En resumidas cuentas que, en contra que lo que pudiera desprenderse de una lectura rápida y descuidada, el auto no cambia en absoluto la situación jurídica de las personas a las que señala ni inicia, tan siquiera, el procedimiento para formalizar la imputación.

«La pregunta que podemos hacernos -planteó la portavoz del grupo en el Congreso, Soraya Rodríguez- es: si no imputa, ¿qué persigue?». «Comunica la existencia del procedimiento a personas que pudieran resultar afectadas por el caso y les informa de la posibilidad de su derecho de defensa; un derecho -se respondió- que no se puede ejercitar ante acusaciones que no se formulan y ante un órgano que no es el competente».

Impacto político

No es la primera vez que el principal partido de la oposición reprocha a la juez, de manera abierta o velada, una actuación aparentemente movida por la voluntad de lograr un impacto político impropio de su condición de administradora de Justicia. Sostienen que, a menudo, ha hecho coincidir algunas de sus decisiones más relevantes con momentos políticos clave. En este caso, la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Junta presidido por Susana Díaz. Un Gobierno con el que, precisamente, se había pretendido dar un lavado de cara a la institución.

Ya en julio, cuando la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla imputó a la exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez, como máxima responsable de la Junta en el momento en el que se puso en marcha el polémico procedimiento de ayudas que repartió hasta 721 millones de euros sin apenas controles, el PSOE salió en tromba a mostrar su sorpresa ante una inculpación que no iba ligada a la presunción de delito alguno. Y también entonces se hizo hincapié en que la actuación coincidía justo con el anunció de primarias para suceder a Griñán.

El caso es que, a pesar de que Griñán había acabado reconociendo a finales de agosto que, en su decisión de abandonar la presidencia andaluza había pesado el deseo de «preservar» a la Junta del 'caso del ERE', la dirección del PSOE seguía defendiendo que no había razones para la imputación y que no se produciría. De ahí que la noticia del auto, tildado de «bodrio» y «disparate» por los socialistas, cayera como una bomba en la primera reunión del curso político entre Rubalcaba y su grupo parlamentario para definir la estrategia de oposición.