El juez imputará a tres presidentes de Adif por el accidente del Alvia

Desde la inauguración en diciembre 2011 del tramo de alta velocidad entre Orense y Santiago se puso en peligro la vida e integridad de decenas miles de usuarios, ya que el trayecto carecía de las medidas de seguridad necesarias. Esta es la conclusión a la que ha llegado el juez Luis Aláez, encargado de instruir el accidente del Alvia que el pasado 24 de julio se cobró la vida de 79 personas. En base a la misma, el magistrado ha decidido solicitar a la empresa pública que le identifique a los presidentes de Adif y a quienes hayan sido miembros del Consejo de Administración a lo largo de los últimos 21 meses con el fin de que sean llamados a declarar en calidad de imputados.

Además, el juez también pidió a la administradora ferroviaria que le informe sobre quiénes han venido desempeñando a lo largo del mismo periodo los puestos de director de seguridad en la circulación, de gerente del área de seguridad en la circulación noroeste, de jefe de inspección de la gerencia de área de seguridad en la circulación noroeste y de inspectores de esa zona. De momento, para la próxima semana ya ha citado en el juzgado a las cinco personas que en la actualidad ejercen estas últimas funciones en Adif.

Entre los nombres que deberá proporcionar Adif para que sean llamados a declarar se encuentran los del actual presidente, Gonzalo Ferre, y sus dos antecesores en el cargo, Enrique Verdeguer y Antonio González Marín. Tanto Ferre como Verdeguer fueron nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy mientras que en el caso de González Marín lo hizo el último ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado considera que existen razones suficientes para considerar que la cúpula de la empresa pública puede tener su parte de responsabilidad en el siniestro ya que a ella le corresponde velar por la seguridad en la vía que une las ciudades de Orense y Santiago.

Obligación de vigilar

En un auto emitido ayer, Aláez recuerda que la salvaguarda de la seguridad corresponde a Adif, aunque esa sea una responsabilidad que el Consejo de Administración de la empresa pública tiene delegada en una serie de cargos. En caso de que esa delegación recaiga «en personas competentes a las que se han facilitado los medios demandados o denunciados como necesarios para evitar accidentes como el ocurrido en Santiago», se podría considerar, a su juicio, que el máximo órgano de Adif está exento de culpa. Pero en todo caso, añade, «el Consejo de Administración debe vigilar la diligencia en el cumplimiento de la función encomendada».

Respecto a la imputación de excargos que ya no ejercían responsabilidades en Adif en la fecha del accidente, el instructor justifica que «a partir de la apertura de la vía es exigible la responsabilidad penal de las personas que con su falta de actividad garante de la vida e integridad de los usuarios han permitido la circulación de trenes por esa línea en esas condiciones hasta que se produce el descarrilamiento del Alvia».

Con estas primeras cinco imputaciones de cargos intermedios de la empresa pública y las próximas que se avecinan entre sus máximos responsables, Aláez sitúa una deficiente gestión de Adif como una de las principales causas del siniestro. En su auto de ayer el instructor recordó que el descarrilamiento se produjo por motivo de un error humano del maquinista, pero también añadió que sorprende que la administradora ferroviaria, que reconoce la posibilidad de que ese fallo se produzca, «omitiese cualquier tipo de respuesta» para evitar que ocurriera el siniestro.