El Gobierno abre a Mas la puerta de un cambio de «modelo territorial»

El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, desveló ayer la ficha que pretende mover Mariano Rajoy para atraer a Artur Mas hacia posiciones menos secesionistas: el compromiso de revisar el modelo territorial o, al menos, una mejora sustancial de la financiación que recibe Cataluña, que podría llegar de la mano de la reforma fiscal que prevé presentar el jefe del Gobierno en el primer trimestre de 2014.

El ministro llegó a decir que el Ejecutivo estaría dispuesto a «buscar una fórmula» que permita a Cataluña «encajar en España». Nadie en el Gobierno ni en el PP se había atrevido a utilizar esa expresión. Y no parece que García-Margallo, que ha demostrado que suele decir lo que piensa, aunque eso no significa que siempre el Gobierno comparta su tesis, haya ido por libre en esta ocasión. La propuesta llegó en la víspera de la Diada y días después de que se conociese que Rajoy y Mas negociaban en privado una salida a esta crisis.

Tampoco se puede hablar de un 'calentón', porque el jefe de la diplomacia española aderezó su iniciativa con una reflexión inédita hasta ahora en esta controversia. Reconoció que la Constitución española es del año 1978 y «es probable» que deba ser revisada la organización territorial del Estado, «respetando siempre» el artículo 2 que designa la «indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles».

Margallo, que no fue ni desmentido ni matizado a lo largo de la tarde por Moncloa, situó dos claras líneas rojas: respeto a la unidad de España y rechazo a cualquier tipo de «referéndum pactado». La posibilidad de que la Generalitat haga una declaración unilateral de independencia tendría graves consecuencias económicas para las empresas y los ciudadanos catalanes. «El 'adeu' a España es el 'adeu' a la Unión Europea», espetó.

Margallo no fue el único ministro que tendió su mano a CiU. Cristóbal Montoro, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, evitó críticas a la Generalitat y buscó lo positivo de un posible entendimiento. «De lo que se trata -explicó el titular de Hacienda- es de que Cataluña entienda y acepte que España le conviene». Incidió además en la necesidad de un «diálogo político y fluido» entre el Gobierno y los nacionalistas catalanes para fijar como prioridad la salida de la crisis y la conservación de la eficacia de los servicios públicos.

Los mensajes conciliadores llegan apenas veinticuatro horas antes de la celebración de la 'Diada nacional del 11-S' en la que se volverá a medir la temperatura de una parte significativa de la sociedad catalana, que hace un año reclamó de manera masiva el derecho a decidir y que este miércoles formará una gran cadena humana de 400 kilómetros para reivindicar la independencia.

Sin «marcha atrás»

El ejectivo de CIU intenta capear la presión en un ejercicio difícil. Ayer trató así de minimizar la importancia de sus contactos entre Artur Mas y Mariano Rajoy asegurando que no llegan ni a comisión negociadora y subrayando que en Madrid rechazan una salida pactada de la consulta. «De momento, nos dicen que nada de nada», dijo el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs. El propio presidente de la Generalitat fue más lejos. Después de haber alejado el horizonte de la consulta sobre la independencia hasta 2016 prometió, en su discurso institucional del 11-S que el proceso no tiene «marcha atrás».

«En 2014, el pueblo deberá ser consultado. Mi compromiso es inequívoco», dijo. Es más, se mostró dispuesto a usar todos los instrumentos legales y democráticos para que los catalanes puedan «decidir su futuro». El Gobierno catalán estaría buscando, no tanto el acuerdo como la tolerancia del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Es decir, que una vez que el Parlamento autonómico apruebe a final de año la ley de consultas no refrendarias, que facultará a la Generalitat a consultar a la ciudadanía en los aspectos que son competencia autonómica, no se tope con un recurso al Constitucional del Gobierno.

En ese caso, podría plantear, como así lo han expresado expertos constitucionalistas en los últimos meses, una consulta con una pregunta algo descafeinada, pero constitucional, como: «¿Quiere que la Generalitat negocie con Madrid una reforma constitucional que posibilite la independencia?». Sería una alternativa a las plebiscitarias, previstas para 2016, y además el resultado de la pregunta no supondría nada, sino que alargaría el proceso. En cualquier caso, Esquerra no está por la labor de rebajar el alcance de la pregunta de la consulta.