Urdangarin se suma a la Fiscalía y pide que su investigación vaya a Valencia

Iñaki Urdangarin tiene clara su estrategia procesal. El duque de Palma quiere que su futuro en la instrucción del 'caso Nóos' lo decida el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y no el juez de Mallorca José Castro, azote del yerno del Rey desde que lo imputó en diciembre de 2011 por lucrarse con dinero público a través de su instituto sin ánimo de lucro.

El abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, enseñó sus cartas en un escrito enviado al Superior de Justicia valenciano el pasado 30 de julio, aunque el texto solo se conoció ayer. En el mismo alega que debe ser este tribunal especial y no el de Baleares, núcleo procesal y origen del 'caso Nóos', el que deba decidir «sobre la investigación y, en su caso, juicio y fallo» del sumario.

Para ello argumenta que dada la exposición razonada enviada a Valencia por el juez Castro, quien atribuyó indicios de delito al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, es este órgano judicial y no otro quien arrastra la competencia al tratarse de personas aforadas, tal y como estima la ley.

En suma, se trata de un alegato parecido al que utilizó la Fiscalía Anticorrupción para pedirle primero al juez Castro que deje el caso en manos de su compañero Antonio Ferrer, magistrado de la Sala Civil y Penal del Superior de Valencia, y, segundo, para solicitar al tribunal superior que impute a Camps y Barberá. Formuló la petición el pasado 2 de septiembre y está a la espera de que el juez Ferrer resuelva sobre las imputaciones.

En su escrito, Anticorrupción concluyó «que en los casos de conexión delictiva entre personas con fuero (Camps y Barberá) y otras que no ostenten dicho privilegio (Urdangarin), cuando no pueda escindirse la causa, sea el Tribunal Especial (Superior de Valencia) el que arrastre para sí la competencia».

División de la causa

Por su parte, el juez Castro no lo ve igual y considera que se dan las condiciones para que la parte del caso que afecta a los aforados se vaya a Valencia y el resto se quede a buen recaudo en su juzgado de Mallorca, que fue el que descubrió la trama del Instituto Nóos mientras investigaba desde 2009 la pieza mayor, el 'caso Palma Arena', junto al fiscal anticorrupción Pedro Horrach. El instructor, de todos modos, reconoció que la Fiscalía estaba «en su derecho» de pedir el traslado.

En aquella exposición razonada, Castro atribuyó a la «decisiva e imputable» intervención de Camps y Barberá en las negociaciones previas la firma del convenio del Valencia Summit, un foro deportivo por el que el Instituto Nóos de Urdangarin y su socio Diego Torres percibió alrededor de 3,5 millones de euros públicos por organizar tres ediciones.

Por estos hechos, Castro ve indicios contra el expresidente y la alcaldesa por un delito de falsedad en documento oficial, otro de prevaricación, de malversación de fondos públicos y fraude a la administración. Aunque será su compañero del Superior de Valencia Antonio Ferrer quien decida.

Si este magistrado de perfil conservador decide imputarles es bastante probable que el tribunal especial se haga cargo de todo el 'caso Nóos', lo que coincidiría con lo que pide ahora el abogado de Urdangarin y la Fiscalía Anticorrupción.

En este probable escenario el yerno del Rey se manejaría mejor, pese a la gravedad de los delitos que se le imputan y a las pruebas de cargo que hasta la fecha ha confirmado la investigación del juez Castro, el fiscal Horrach, la policía judicial y la Agencia Tributaria.

Pese a todo, los beneficios para Urdangarin son evidentes. Primero se quitaría de encima a Castro y sus denodados intentos por estrechar el cerco sobre su mujer, la infanta Cristina; segundo se llevaría el caso a un tribunal especial para aforados (más garantista) de otra comunidad que hasta ahora no ha tocado el 'caso Nóos'; y tercero retardaría la investigación y uniría su suerte procesal a la de Camps y Barberá, a sabiendas de que el primero fue absuelto no hace tanto por un caso bien diferente, los trajes de la trama Gürtel por un delito de cohecho impropio.