Unas cien familias esperan la solución para el Corredor Verde

Pese a que el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) apura los últimos trámites legales para entrar en vigor, aún son muchos los asuntos urbanísticos que siguen abiertos. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la zona conocida como el Corredor Verde, donde unas cien familias reclaman desde hace años una solución para evitar demoliciones, en unos casos, y poder construir, en otros.

Según el presidente de Coave, una de las asociaciones que defienden los intereses de los propietarios de viviendas fuera de planeamiento, el problema de estos vecinos podría estar ya casi solucionado. «El Ayuntamiento en su PGOU es el que debería haber puesto lo que quería para esa zona, para las viviendas del Corredor Verde», afirma su presidente, José Antonio Castro.

Castro recuerda que, cuando se planteó la búsqueda de soluciones, «hubo mucha confusión», al tiempo que aclara que «éste no es un Plan General, sino la primera revisión del PGOU del año 1991». En este contexto, y «como no hacían caso, llevamos a Pleno propuestas», recuerda.

Un hecho clave a la hora de arrojar incertidumbre y dilatar la consecución de una solución satisfactoria se encuentra, según Coave, en que «el Ayuntamiento mandó a la Junta las viviendas como zona de especial protección medioambiental, por lo que no se podrían hacer modificaciones. Era una cuestión alegal, así que el Gobierno autonómico lo rechazó, porque no existe esa figura en el urbanismo», reseña Castro.

«Por suerte» para los propietarios, el Plan Territorial de la Bahía de Cádiz «se iba a modificar, por lo que Coave y Fevema presentamos lo que queríamos para esa zona». En una reunión con el delegado territorial de Medio Ambiente, en la que estuvieron entre otros el alcalde y el concejal de Urbanismo y el de Vivienda, «el delegado de la Junta estuvo de acuerdo en quitar la protección medioambiental a las viviendas del Corredor, por lo que instó al Ayuntamiento a realizar los trabajos pertinentes».

La zona había quedado marcada «con un trazo grueso». Un hecho ante el que el presidente de Coave manifestó «que no sólo se quitara la protección medioambiental a las viviendas, sino que esto se extendiera a los suelos sin desarrollar, porque entonces se iba a perjudicar a quienes habían respetado la ley y no habían construido en sus terrenos».

Solución propuesta

La solución propuesta pasa por incluir Las Manoteras en un Área de Regulación (ARG), el Pago Winthuyssen en otra ARG, lo mismo que el Pago Machete; y Los Perales II dentro de la ARG de Los Perales. «La idea era salvar también el entorno, ya que en el año 2002, en la aprobación inicial del PGOU, ya Las Manoteras venía como ARG», dice Castro.

Desde la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos se considera fundamental hacer valer el compromiso que el Ayuntamiento y los propietarios arrancaron a la Delegación Territorial de Medio Ambiente. Por este motivo, Coave planteó a los distintos grupos políticos aprobar una resolución en sesión plenaria, en la que se recogiese el reconocimiento por parte de la Corporación de tal acuerdo, así como que se comunicase al gabinete jurídico del Ayuntamiento y a la Junta, para evitar el derribo de las viviendas con orden de demolición.

Castro enfatiza que es ilógico demoler unas construcción que han superado su fase de ilegalidad, «bien porque entran en el PGOU y van a ser legalizadas, bien porque al estar en el Corredor Verde, van a seguir el mismo proceso, para lo que se aportaría el plano y el compromiso de la Delegación territorial de Medio Ambiente de quitar la protección medioambiental».

La propuesta fue aprobada de manera unánime en el Pleno, por lo que «las defensas de los propietarios llevarán este acuerdo cuando se celebren los juicios», de los que se desconocen las fechas de celebración por el momento.

La Comisión de Seguimiento del Corredor Verde de reciente creación -integrada por el edil de Urbanismo, representantes de los distintos grupos políticos y de las zonas afectadas- ha acordado instar a Medio Ambiente que certifique que el documento donde se recoge la exclusión de esos asentamientos en la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz-Jerez (POTBC-J) es un documento de trabajo válido de la Consejería de cara a poder usarlo en sede judicial. Además, se ha pedido la modificación del POTBC-J actual ante la tardanza en la tramitación de su revisión por parte del Gobierno andaluz.