
La sombra de Pinochet divide Chile
Se multiplican las peticiones de perdón y las inculpaciones 40 años después del golpe de Estado y dos meses antes de las elecciones
BUENOS AIRES. Actualizado: GuardarEn vísperas del 40 aniversario del golpe de Estado de 1973 contra el presidente socialista Salvador Allende (1970-73) -que ante el derrocamiento inminente se suicidó-, una oleada de autocrítica tardía se ha desatado en Chile entre la dirigencia política de todo el espectro ideológico, de derecha a izquierda. A medida que se acerca la fecha del 11 de septiembre, florecen las peticiones de perdón y las exhortaciones a que otros se arrepientan públicamente de sus omisiones durante la larga dictadura de Augusto Pinochet (1973-90) y sus gravísimas violaciones de los derechos humanos.
Como se recuerda por estos días, el golpe fue seguido de una feroz represión de los seguidores de Allende. Hubo alrededor de 3.200 personas ejecutadas y desaparecidas, entre ellas dirigentes políticos, diplomáticos, militares leales al mandatario depuesto, intelectuales y artistas, además de unos 38.000 detenidos ilegales torturados y decenas de miles de exiliados. Una encuesta reciente del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea reveló que la imagen de Pinochet y la de la dictadura empeoraron en los últimos tiempos.
El 76% considera que Pinochet fue un dictador y el 63% lo culpó de «destruir la democracia», incluidos los que votan hoy a la derecha. Esos porcentajes son más altos que los que arrojaban estos mismos sondeos hace algunos años. No obstante, aún existen grupos que le reivindican. Un 7% de los chilenos cree que el régimen castrense fue «bueno» y un 9% juzgó a Pinochet como «uno de los mejores gobernantes del siglo XX». También hay un 18% que considera que el régimen «liberó al país del marxismo».
Pero no todo es buena conciencia cívica o madurez democrática. La avalancha de disculpas llega dos meses antes de las presidenciales del 17 de noviembre, en las que las dos principales rivales representan las dos caras, aunque muy remozadas, de aquel golpe. Por un lado, la favorita Michelle Bachelet, expresidenta socialista (2006-10), que estuvo presa durante el régimen. Por el otro, la derechista Evelyn Matthei, favorable al dictador y contraria a pedir la indulgencia de la sociedad.
Errores y omisiones
El primero en inculparse fue el senador derechista Hernán Larraín, de la UDI, el partido de Matthei. El legislador pidió perdón por sus errores y omisiones y se justificó en una difusa falta de conciencia sobre la verdadera magnitud de los crímenes de Pinochet. Sin que nadie se lo exigiera, Larraín aseguró que él creía como muchos otros que los casos de torturas, secuestros o prisión ilegal eran hechos aislados y no «un esfuerzo sistemático de violaciones, de acallar voces, de perseguir sectores». En cambio, la candidata de su partido evitó ese compromiso. «Siento que no tengo que pedir perdón porque siempre tuve una posición clarísima en el tema», declaró Matthei. «Tenía 20 años cuando ocurrió. No tengo nada que pedir perdón», reiteró.
En este marco, el presidente derechista Sebastián Piñera convocó a una conmemoración que tendrá lugar hoy en el Palacio de La Moneda. La idea inicial era reunir allí a los exmandatarios, todos de la coalición centroizquierdista de socialistas y democristianos que gobernaron el país tras la salida de Pinochet. Pero luego se dispuso convidar también a los candidatos en carrera por la presidencia, entre ellos a Matthei, y la escena tomó otro cariz. Ahora, ninguno de los exmandatarios irá a la cita. Ni Bachelet, ni Patricio Aylwin (1990-94), ni Eduardo Frei (1994-2000), ni Ricardo Lagos (2000-06).
En plena campaña, Bachelet consideró que la responsabilidad de los dirigentes con la historia «es sacar lecciones y aprendizajes que nos permitan construir un país mejor», y pidió «una reflexión amplia» evitando sacar «ventajas políticas». La candidata socialista anunció que participará hoy en un recordatorio del golpe, pero será en el Museo de la Memoria que ella creó en su gobierno. Sin embargo, en Nueva Mayoría, que es la alianza que intenta llevarla al poder, hay mucho debate. En la Democracia Cristiana, uno de los partidos integrantes del bloque, se desató una polémica sobre el papel que jugó la agrupación antes, durante y después del golpe. No pocos dirigentes de aquel partido creen que hubo, desde la cúpula partidaria, una justificación del golpe para frenar una presunta inestabilidad política y social reinante.
En el Partido Socialista hubo también quienes pidieron perdón por haber contribuido al virulento enfrentamiento con los opositores, como el senador Camilo Escalona o el titular del partido, Osvaldo Andrade. Pero el expresidente Lagos, también socialista, rechazó pedir excusas por presuntos excesos de Allende, a quien reivindicó por mantener la vigencia de los tres poderes de la república a pesar de la crisis política y social. «Hay una búsqueda de la derecha de hacer un empate. No tengo nada que excusar», se pronunció Lagos contundente.
Así las cosas, Piñera extendió el mea culpa a todos los sectores. Para el presidente, muchos civiles fueron «cómplices pasivos» del golpe. «Toda la sociedad pudo haber hecho mucho más», dijo, y apuntó en particular al Poder Judicial y a la prensa. «El Poder Judicial no estuvo a la altura de sus obligaciones», dijo, en alusión a los más de 5.000 recursos de amparo que fueron rechazados por los magistrados. «Pudo haber hecho mucho más porque por mandato constitucional le correspondía proteger los derechos de las personas y sus vidas», remarcó. Y acusó a los medios de «que podían haber investigado la realidad en materia de derechos humanos con mucho más rigor y no quedarse con la versión oficial del gobierno militar».
Poco después de esos declaraciones, la Asociación Nacional de Magistrados emitió una petición de perdón a víctimas y familiares. «El Poder Judicial pudo y debió haber hecho mucho más, máxime cuando fue la única institución de la república que no fue intervenida por el gobierno de facto». Para los jueces, la Corte Suprema de la época «claudicó en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal».