Los proveedores municipales cobrarán 14,5 millones pendientes

Los proveedores municipales han aceptado un 96% del importe de la deuda de las facturas susceptibles de acogerse al tercer plan de pago elaborado por el gobierno central y cuyo plazo de adhesión finalizó el viernes, según ha informado la delegada municipal de Hacienda, Ascensión Hita. Este porcentaje equivale a casi 14 millones (13.931.975,15 euros, exactamente) correspondientes a 1.119 facturas. En conjunto, el importe total de la deuda que podrá ser abonada mediante esta fórmula se sitúa en torno a los 14,5 millones de euros, correspondientes a un total de 1.614 facturas, beneficiando de esta manera a unas 345 pequeñas y medianas empresas de la localidad.

En este sentido, la citada concejala ha recordado que «para poder beneficiarse de este mecanismo de pago es necesario que los proveedores municipales acepten las cantidades pendientes de abono». Desglosando los datos hechos públicos por la Delegación Municipal de Hacienda, hasta la fecha, este porcentaje de aceptación asciende al 97,76% en el caso de la empresa municipal Chiclana Natural, lo que equivale a algo más de 9.800.000 euros, relacionados con 145 de las 238 facturas inicialmente incluidas en este plan de pagos estatal.

En el caso del Ayuntamiento, el porcentaje es del 91,29%, 3.849.142,27 euros procedentes de 948 facturas. Por último, por lo que se refiere a Emsisa, el grado de aceptación es del cien por cien de las facturas a abonar, por valor de 40.850 euros. Una vez finalizado el plazo, el Ayuntamiento comunicará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la relación de obligaciones que cumplen los requisitos de la norma y han sido aceptadas por los proveedores.

Las facturas que se pueden beneficiar de esta medida son las relacionadas con los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, servicios de suministros o los contratos privados de creación e interpretación artística y literaria o de espectáculos. También se encuentran incluidos las de suministro de agua, energía, transportes y postales; los arrendamientos sobre bienes inmuebles, el déficit de explotación del transporte urbano, los conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales; las relativas a los convenios de colaboración, y concesiones administrativas, las transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro de carácter social, así como las indemnizaciones por expropiaciones.