El juez Ruz regresa al trabajo con la citación de Rajoy sobre la mesa

Al juez Pablo Ruz le aguarda un exigente regreso de vacaciones. A partir de mañana, el magistrado deberá decidir sobre algunos de los asuntos más delicados que giran en torno al 'caso Bárcenas', la supuesta contabilidad B del Partido Popular y los posibles sobresueldos que durante años habrían cobrado sus dirigentes en dinero negro.

Entre todos los deberes pendientes del magistrado el que sin duda se presenta más espinoso es la petición formulada por las acusaciones populares de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y Manos Limpias para que llame a declarar en calidad de testigo a Mariano Rajoy.

Luis Bárcenas aseguró el pasado 15 de julio ante Ruz que entre 2009 y 2010 entregó personalmente al presidente del Gobierno y a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, un total de 95.000 euros procedentes de la 'caja B' del partido. Como consecuencia de esta acusación tanto Adade como Manos Limpias consideraron que «resulta obligado que se convoque al presidente a presencia judicial para confirmar o no tales extremos». De hecho, Cospedal ya tuvo que declarar el pasado 14 de agosto en la Audiencia Nacional, donde negó haber recibido jamás cualquier cantidad de dinero por parte de Bárcenas.

De acceder a la solicitud, Ruz no solo obligaría al jefe del Ejecutivo a responder a preguntas de un asunto que ha esquivado desde su comparecencia ante el pleno del Congreso del pasado 1 de agosto, sino que además su imagen sentado ante un juez supondría un daño muy difícil de reparar para su prestigio.

Además de Rajoy, y tras haber tomado ya declaración a la actual secretaria general y dos de sus antecesores en el cargo, Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas, el instructor también deberá decidir si cita a otros cargos del PP. Entre ellos uno de los testimonios más esperados es el de Álvaro Lapuerta, quien ejerció como tesorero del partido entre 1993 y 2008.

Examen médico a Lapuerta

Lapuerta, de 85 años y que en mayo pasado permaneció 14 días en coma inducido a causa de una caída doméstica, se sometió el pasado jueves a una revisión médica para valorar si está en condiciones de declarar. En el PP causa especial inquietud el testimonio que pueda ofrecer al juez quien durante 15 años fue amo y señor de las finanzas de la formación y que mantenía bajo su control las donaciones de las que supuestamente provendrían los sobresueldos de los que se beneficiaron los dirigentes populares.

Federico Trillo, actual embajador en Londres, es otro posible testigo después de que Luis Bárcenas responsabilizara al exministro de haber sufragado con fondos de la presunta caja B del partido la defensa de los militares imputados por la tragedia del Yak-42.

Otros nombres señalados por las acusaciones particulares y sobre los que Ruz tendrá que pronunciarse son los de José Manuel Romay Becaría, presidente del Consejo de Estado y sucesor de Bárcenas como tesorero; Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal; Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid; o Pedro Arriola, asesor electoral del PP y una de las personas de mayor confianza del presidente del Gobierno.

De cara a decidir si interroga o no a cada uno de ellos, el magistrado tendrá muy en cuenta dos informes que en breve llegarán a sus manos. El primero de ellos refleja las declaraciones fiscales de las personas que aparecen en los papeles de Bárcenas como receptores de sobresuelos. El segundo valora la relación de las empresas donantes con adjudicaciones públicas que pudieron recibir durante los gobiernos del PP.

De momento, el magistrado retomará el martes la toma de declaraciones con el interrogatorio de las secretarias de Bárcenas y Lapuerta, Rosa María López Merinero y Estrella Domínguez López. En función de las decisiones que adopte el juez Ruz durante las próximas semanas el Partido Popular podría hundirse en una crisis sin precedentes o, tal y como desea Rajoy, dejarse en el olvido un caso que le está cobrando una alta factura política.