Susana Díaz plantea la lucha contra la corrupción como eje de su mandato

La corrupción fue uno de los elementos que motivaron su ascenso, según llegó a reconocer José Antonio Griñán el día de su dimisión, y ayer se convirtió en uno de los ejes del discurso de la próxima presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que aseguró que la combatirá «con todas sus fuerzas y sin tibieza» porque «avergüenza». Una lucha que pasa, entre otras medidas, por una iniciativa legislativa para prohibir las donaciones privadas a los partidos, una mayor fiscalización de la contabilidad de las formaciones e incluso multas para los responsables políticos que eludan rendir cuentas. Un control al que no escapan siquiera los cónyuges de los cargos públicos, que deberían dar a conocer su renta y patrimonio aunque haya separación de bienes.

La sucesora de Griñán, que será a partir de hoy la primera mujer presidenta de Andalucía y también la primera menor de 40 años, esbozó las claves del que insiste será «un nuevo tiempo» que permitirá recuperar la maltrecha imagen de la política: lucha contra la corrupción, aunque no mencionó en ningún momento el caso de los ERE fraudulentos; y más transparencia en la gestión pública, pautas para un gran pacto nacional que propondrá a Mariano Rajoy en la primera reunión que mantengan. Y lanzó un mensaje a los integrantes de su equipo de Gobierno: «La proximidad y la cercanía con los ciudadanos no será un eslogan sino una obligación».

La todavía candidata hizo un discurso de investidura apegado a la realidad, lejos de grandes propuestas imposibles de cumplir en tiempos de crisis y escasez presupuestaria, según coincidieron en el PSOE y su socio de Gobierno, IU. Para el PP, sin embargo, se trató de un discurso «vacío», y dudó que vaya a combatir la corrupción cuando siquiera fue capaz de mencionar el 'caso de los ERE'.

La crisis económica fue otra de las claves de la intervención de Díaz, haciendo hincapié en que «las políticas de austeridad no promueven el crecimiento, no sirven para aumentar la producción ni para crear empleo». Ante ese escenario, abogó por una «renovada estrategia de crecimiento» en la que se eliminen «inercias» y se pase «de la subvención al incentivo».

Como había trascendido, Díaz incluyó importantes concesiones a la coalición de izquierdas, entre ellas la puesta en marcha de un instituto de crédito andaluz y la creación de un observatorio que permita racionalizar el uso de las tierras públicas y reforzar el empleo rural, viejas reivindicaciones de IU.

En materia fiscal, anunció que no habrá subida ni creación de nuevos impuestos, aunque sí retoques para ahondar en la progresividad fiscal y hacer más equitativo el sistema. También se ahondará, dijo, en la lucha contra el fraude.

Sin recortes

La alternativa a las políticas del PP, señaló, no pasa por los recortes sino por «una reevaluación de nuestros activos», e insistió en que «una sociedad más competitiva no implica unos ciudadanos más pobres». En este punto, y tras adelantar que sanidad, educación y dependencia serán los pilares de los presupuestos de 2014, primer reto que deberá asumir en su mandato.

La candidata socialista defendió un modelo de inclusión e igualdad efectiva de derechos en el que «nadie se quede fuera», y propuso la creación de un indicador sobre la desigualdad porque «un gobernante responsable no puede estar solo pendiente del Ibex 35». Además, anunció que los contratos públicos primarán aquellas propuestas que se centren en el empleo de personas desfavorecidas y la economía social.

Arropada por la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, y la portavoz del grupo socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, el discurso de investidura no obvió claves nacionales. Arremetió duramente contra la reforma local que promueve el Gobierno de Rajoy y que, dijo, vulnera hasta 15 artículos del estatuto de Andalucía, perjudica la creación de empleo y las prestaciones de servicios y, por tanto, no descarta incluso recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

También tuvo palabras para el soberanismo catalán, ante el que defendió una reforma constitucional del modelo territorial que garantice la igualdad de los españoles sin privilegios ni discriminaciones pero con reconocimiento de la pluralidad de España.