El PSOE busca que Ruz investigue al PP por obstrucción a la Justicia

El PSOE quiere que el juez Pablo Ruz investigue qué ocurrió con el contenido del disco duro en el que, según Luis Bárcenas, se guardaba la contabilidad B del PP y que dictamine si el partido gubernamental incurrió en un delito de obstrucción a la Justicia al destruirlo. A través de los socialistas valencianos, personados en el 'caso Gürtel', la primera fuerza opositora remitió ayer un escrito a la Audiencia Nacional en el que solicita que se pongan en marcha una serie de diligencias encaminadas no solo a indagar los porqués de la operación sino también a determinar si aún es posible recuperar lo que la memoria contenía.

Los socialistas han pedido así a Ruz que busque la manera de certificar si los ordenadores que se encuentran en la sede nacional del PP, en la madrileña calle Génova, están conectados entre sí por intranet a un servidor principal y, en ese caso, que exija a la formación que dirige Mariano Rajoy que entregue copia de la información que tenga que ver con documentos o correos generados por el extesorero durante el tiempo que estuvo trabajando para el partido. Es una cuestión, a su juicio, clave que no se puede dejar pasar.

Los socialistas insisten en que, dado que ya había abierta una investigación sobre la presunta financiación irregular del PP, los argumentos ofrecidos por el abogado de la formación gubernamental -que justificó el borrado y destrucción del disco con la aplicación de un protocolo interno para cumplir con la ley de protección de datos cuando un trabajador abandona el partido- resultan insuficientes y poco creíbles. De ahí que soliciten la identificación de quienes técnicamente procedieron a eliminar el dispositivo. Creen que su testimonio podría arrojar luz sobre la intencionalidad de esta acción.

La ofensiva del PSOE, en todo caso, no se libra solo en el juzgado. Un día después de ver cómo la mayoría absoluta del PP impedía que lleguen al pleno del Congreso las iniciativas de la oposición sobre el 'caso Bárcenas', Alfredo Pérez Rubalcaba advirtió de que no tira la toalla. «Se ponga como se ponga el PP -dijo en la Ser- vamos a discutir de esto». Minutos después, su grupo parlamentario registró una iniciativa en la Cámara baja, y ya van tres, para intentar interpelar al jefe del Ejecutivo por «mentir», dicen, al Parlamento en su comparecencia del 1 de agosto, el día en el que por fin ofreció su versión de lo ocurrido con el extesorero de su partido y en el que se presentó como víctima de un engaño por mera buena fe.

Esta vez el PSOE, que ya vio tumbado sus dos intentos anteriores con argumentos técnicos -las interpelaciones deben versar «sobre los motivos o propósitos de la conducta del Ejecutivo en cuestiones de política general, bien del Gobierno o del algún departamento ministerial»- no pregunta sobre las responsabilidades políticas de «las falsedades vertidas en sede parlamentaria en relación con el escándalo de la financiación ilegal del Partido Popular», sino sobre algo más genérico, «la política general del Gobierno en materia de asunción de responsabilidades políticas como consecuencia de las falsedades vertidas en el Parlamento». Sin especificar.

Renuncia

Se dirige directamente a Rajoy. Pero lo hace con poca fe. En España es el Gobierno quien decide cuál de sus miembros responde a una interpelación. Así que los socialistas saben que, lo más probable, es que sea algún ministro el encargado de parar el golpe. «Pero haremos notar que no quiere venir -avisó Rubalcaba-. Y después presentaremos una moción consecuencia de la interpelación». Ese texto, que debería ser sometido a votación del pleno, incluiría una reprobación del presidente, que es lo que el PSOE lleva persiguiendo sin lograrlo desde el pasado agosto.

Rubalcaba insistió en que Rajoy debe irse porque su permanencia al frente del Gobierno daña a España. Y echó mano de la declaración judicial de Cristóbal Páez, exgerente del PP que admitió ante el juez Ruz haber cobrado en dinero negro, para dar por constatado que existió una contabilidad B en el partido del Ejecutivo y que el propio presidente recibió dinero en negro. Es decir, que también en eso mintió al Parlamento en su comparecencia.

En la misma línea, Izquierda Unida cree que lo relatado por Cristóbal Páez aporta pruebas testificales de que el PP creó un sistema de donaciones que vulneraba la ley y que con ellas se pagaban sobresueldos ocultos al fisco. Se desmonta, a juicio del diputado Gaspar Llamazares, la «fábula» de que los secretarios generales del PP no estaban al tanto de las finanzas del partido.