Mas aprecia «cambios» en la actitud de Rajoy hacia Cataluña

A juicio del Gobierno catalán, algo se está moviendo en La Moncloa respecto a la cuestión catalana. Es una sensación subjetiva que convive con la convicción de que Mariano Rajoy responderá con un 'no' rotundo a la petición formal realizada por Artur Mas a finales de julio para celebrar una consulta sobre la autodeterminación de Cataluña. «El rechazo absoluto a todo del Gobierno español con respecto a cualquier iniciativa desde Cataluña ya no la percibimos igual», expresó ayer el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo de Mas, Francesc Homs.

De alguna manera, en la Generalitat tienen la impresión de que las posiciones en el seno del Ejecutivo no son tan monolíticas como al principio de la legislatura, de que se ha comenzado a asumir que el proceso soberanista no es fruto de un calentón veraniego, que Cataluña es persistente, que la aspiración a decidir su futuro no tiene marcha atrás y que tarde o temprano este asunto deberá abordarse para darle una salida. Aunque las declaraciones públicas tanto de los dirigentes del PP como de los miembros del Gobierno apunten lo contrario, el Govern cree que se ha acabado el tiempo de «ignorar el problema» como única «solución».

Por ello, el ejecutivo catalán, aun siendo consciente de que la posición de fondo de Rajoy es pública y notoria y que con seguridad responderá que no se puede consultar al pueblo catalán, estará muy atento a los matices que emplee el presidente del Gobierno en la contestación de su carta. «Esperemos que nos abra la puerta al diálogo, para ver si las dos partes somos capaces de compartir un diagnóstico y un análisis de la situación» de lo que pasa y de lo que se plantea desde Cataluña, dijo Homs.

Mes clave

Rajoy responderá este mes de septiembre, según señaló la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, que se plantea no participar en los actos oficiales de la Diada y podría organizar un 11-S por su cuenta. La contestación la hará en el «marco de la lealtad institucional, desde el diálogo y el entendimiento, y siempre dentro de la legalidad», avanzó Sánchez-Camacho.

Se espera, por tanto, que la carta llegue días después de la cadena humana de la Diada, cuyo previsible éxito de participación Mas quiere aprovechar para presionar a Rajoy, pero que puede volverse en contra del president, ya que la Vía catalana está poniendo al descubierto, antes de lo que se esperaba, las discrepancias en el seno de CiU. Los dirigentes de Convergència, la parte mayoritaria de la Federación, acudirán en masa al acto que reivindicará la independencia, mientras que los de Unió no acaban de decidirse y el partido como tal no estará. El Govern quitó ayer hierro a las diferencias entre ambas formaciones y no vio desplante alguno a la ausencia de Unió, ya que quien organiza y convoca la cadena humana (que llegará hasta Vinarós, en Castellón), es la Asamblea Nacional Catalana y no el Ejecutivo catalán que preside Artur Mas.

A la espera de la respuesta que Rajoy pueda dar, desde la parte catalana empiezan a cubrirse las espaldas, concientes de que 2014 está muy cerca y queda muy poco tiempo para convocar una consulta legal. «Si se hace más allá de 2014, mejor», dijo la presidenta del Parlament, Nuria de Gispert, un día después de que Mas se comprometiese a agotar la legislatura hasta 2016. Eso disparó las especulaciones sobre sus planes con el referéndum.

El presidente del consejo asesor creado por el presidente catalán para lo que él ha venido en llamar la «transición nacional», el exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Carles Viver Pi-Sunyer, ahondó más en esta idea y avisó de que la consulta podría no celebrarse el año que viene, pero atribuyó el previsible aplazamiento a las trabas que pueda plantear el Estado.

Aun así, CiU y ERC siguen dando pasos con la vista en el próximo ejercicio. Ambas formaciones encabezaron ayer la primera reunión de la comisión de estudio sobre el derecho a decidir, el foro parlamentario que impulsará las iniciativas políticas y legislativas que tiene que adoptar la Cámara catalana en relación a la consulta soberanista. La comisión aprobó las comparecencias de Viver Pi-Sunyer, así como de tres 'padres' de la Constitución: Miquel Roca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca.