El Gobierno propone no actualizar las pensiones con el IPC y que suban un mínimo del 0,25%

El Gobierno planteó por fin a los agentes sociales su propuesta de reforma de las pensiones. Primero, plantea abandonar la actualización de las pensiones conforme al IPC y sustituirlo por otro indicador que tenga en cuenta la inflación media, la evolución del número de pensiones, el crecimiento de los ingresos en términos reales, el déficit o superávit del sistema de la Seguridad Social, la tasa de sustitución de las pensiones y la velocidad de ajuste. El resultado que ofrezca este indicador tendrá un suelo y un techo de manera que las pensiones nominales subirán siempre como mínimo un 0,25% y como máximo el IPC más 0,25 puntos porcentuales.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. aseguró, al término de la reunión, que esta fórmula garantizará el mantenimiento del poder adquisitivo en el medio y largo plazo, pero los sindicatos lo ponen en duda. A la hora de calcular el porcentaje de subida, la fórmula incorporará la evolución de los diversos elementos a lo largo de once años para mantener el equilibrio del sistema. El Gobierno quiere empezar a aplicarlo ya en 2014, con lo que el indicador incorporaría cuatro años de déficit de la Seguridad Social (de 2010 a 2013) y previsiones negativas también para los años futuros inmediatos, por lo que no es descabellado pensar que la subida de las pensiones el próximo año estaría próxima al suelo y no compensaría la inflación.

La segunda reforma que el Gobierno ha puesto sobre la mesa es el factor de sostenibilidad. Este se basa en el factor de equidad intergeneracional propuesto por el Comité de expertos que calcula la pensión inicial que recibe cada nuevo jubilado en función de la esperanza de vida.

El objetivo, según explicó la ministra, es que a iguales contribuciones se reciban iguales prestaciones. Es decir, que como la esperanza de vida está previsto que aumente (aunque los últimos datos del INE reflejan una disminución durante la crisis), los pensionistas futuros reciban al final de su vida un importe global de pensiones igual al que recibe ahora un jubilado que vive menos años. Báñez lo comparó con lo que ocurre ahora con la jubilación anticipada, donde se reduce la pensión a percibir en un porcentaje calculado en función de los años que se adelanta la jubilación porque se va a cobrar la pensión durante más tiempo.

Factor de sostenibilidad

El Gobierno pretende que el factor de sostenibilidad empiece a aplicarse en 2019. Al tiempo que se inicia el diálogo con los agentes sociales también se hace con los grupos parlamentarios a través de la Comisión del Pacto de Toledo. La fórmula del Gobierno tiene en cuenta la variación quinquenal de la esperanza de vida a los 67 años. La ministra de Empleo declaró que el Ejecutivo busca el «mayor consenso posible» y que está «abierto a la negociación». Por lo pronto, en el ámbito político, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, anticipó que nunca apoyará una rebaja de las pensiones y reclamó medidas para incrementar los ingresos.

A falta de conocer la concreción de las propuestas gubernamentales, los sindicatos cuestionan que no se garantice el mantenimiento del poder adquisitivo a los pensionistas y que el factor de sostenibilidad entre en vigor seis años antes de lo que se acordó en la ley de 2011 (cuando se remitía al año 2025). También advierten que las medidas a adoptar deben perseguir también el incremento de ingresos.

Para la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, nuestro sistema de pensiones «es viable y sostenible con la reforma que acometimos en 2011». A su juicio, «el problema real no es el sistema público de pensiones sino la destrucción de empleo, que imposibilita los ingresos por cotización». Por ello, exige la retirada de la reforma laboral. López recalcó que la ley actual ya garantiza el poder adquisitivo a los pensionistas y que no es necesaria una nueva ley para ello.

Por su parte, el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO, Carlos Bravo, insistió en que los problemas coyunturales de falta de ingresos por la crisis deben solucionarse con medidas coyunturales sobre las cotizaciones sociales, mientras que el problema estructural demográfico se viene abordando «con éxito desde hace veinte años», por ejemplo, cuando en 1996 se sacó la sanidad para que fuera financiada con cargo a los presupuestos generales del Estado y no por la Seguridad Social, lo que alivió la presión financiera del sistema. Bravo auguró que la propuesta del Gobierno «aventura un proceso complejo y difícil de negociación».