La jueza Alaya imputa a otro cuñado del exsindicalista Lanzas por los ERE

La jueza que investiga los ERE fraudulentos ha imputado en la causa a Carmelo Cruz, «intruso» en el expediente de la empresa Dhul, que es el tercer cuñado del exsindicalista Juan Lanzas implicado en la causa y que está acusado de percibir 183.000 euros junto con su esposa sin tener derecho a ello. En un auto del 31 de julio, notificado ahora, la jueza Mercedes Alaya recoge que Carmelo Cruz Porcel fue incluido en la póliza de Dhul junto a su esposa María Ángeles Sierra, cuñada de Lanzas, con lo que se unen a otros familiares ya imputados como el propio mediador y su esposa, Patrocinio Sierra, incluidos en la póliza de Hytemasa.

Además, su cuñado Ismael Sierra fue encarcelado en marzo y quedó libre tras pagar 50.000 euros de fianza, como titular de las empresas presuntamente utilizadas para blanquear el dinero de las sobrecomisiones que cobraban a la Junta.

En su nuevo auto, la jueza ha imputado a otras 23 personas, entre ellos Pablo y Javier Ruiz Mateos, hijos del empresario José María Ruiz Mateos y negociadores junto con Lanzas del ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos. En cambio, rechaza la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a Francisco Jardón, presidente de la patronal de limpieza Aselip, y a directivos de FCC Medio Ambiente porque la ayuda que negoció el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero para poner fin a la huelga de limpieza pública en Granada «se vio refrendado en el convenio colectivo estatutario para la provincia de Granada de 2006, donde efectivamente se recogen las subidas lineales salariales comprometidas».

El auto recoge el caso del Matadero de Fuente Obejuna de Córdoba, en el que Lanzas pidió ayuda a un conocido, Juan José Viedma, cuya hija era administradora de la empresa Técnicas Agrícolas Ecológicas Integrales, para que diera de alta en dicha empresa a todos los trabajadores de la referida póliza.

Con estas 23 nuevas imputaciones, el caso de los ERE acumula 116 imputados, de los que 73 aún no han declarado ante la jueza.