La UE accede a investigar las obras de Gibraltar para ganar terreno al mar

España ha abierto un nuevo frente contra Gibraltar en la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario ha aceptado investigar la denuncia presentada por el Ministerio de Medio Ambiente por la construcción de un espigón por parte de la colonia en aguas declaradas como Zona de Especial Conservación.

Según denuncia el departamento dirigido por Miguel Arias Cañete, estos rellenos de piedra y hormigón con los que se busca ganar terreno al mar para construir una urbanización de lujo suponen un claro delito ecológico además de significar «una ocupación del dominio público marítimo-terrestre».

«Hemos recibido esta queja, vamos a tramitarla y a examinarla para ver si hay una violación potencial de la legislación de la UE por las autoridades gibraltareñas», afirmó Olivier Bailly, portavoz de la Comisión Europea. En cualquier caso, Bruselas no vinculó esta decisión con la misión que a lo largo de septiembre viajará a Gibraltar. Como ha venido insistiendo la UE a lo largo de la última semana, los observadores comunitarios solo recabarán información sobre las colas en los accesos y salidas al Peñón, el impacto medioambiental de los bloques de hormigón lanzados al mar y el contrabando de mercancías. «Cada queja es diferente y como tal se tratarán de forma separada porque tienen que examinarse caso por caso», explicó Bailly, quien eludió señalar un plazo de respuesta a esta nueva denuncia de Madrid contra Gibraltar. El portavoz comunitario confirmó además que Bruselas aún no ha recibido explicaciones por parte de Reino Unido que justifiquen el lanzamiento al mar de las estructuras de hormigón o de las obras del espigón.

En el marco de la ofensiva del Gobierno de Mariano Rajoy contra la colonia británica el Consejo de Ministros aprobó ayer la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El objetivo de esta medida, explicó Arias Cañete, es tipificar como sanción grave el suministro de combustible mediante el fondeo permanente en aguas protegidas de las conocidas como gasolineras flotantes, una práctica que se traduce en millonarios beneficios para Gibraltar gracias a su baja presión fiscal.

La modificación contempla que se puedan imponer multas de 100.000 euros, que recaerán tanto sobre los buques suministradores como sobre los que carguen el combustible. «Nos han obligado a adoptar esta decisión para tener instrumentos que garanticen la protección del medio ambiente», afirmó el ministro.

Cameron cierra filas

Entretanto, el primer ministro británico, David Cameron, aseguró ayer, tras recibir en Downing Street al jefe del Ejecutivo del Peñón, Fabian Picardo, que el Reino Unido «defenderá siempre a Gibraltar y a los intereses de los gibraltareños». Cameron denuncio además que los controles de las fuerzas de seguridad españolas en la frontera «están dañando a las economías de ambas partes». Picardo, a su vez, agradeció los apoyos de Londres ante «la continua escalada de tensión en la crisis por parte de las autoridades españolas».

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó a su vez tras el Consejo de Ministros que a pesar del conflicto con Gibraltar la relación con Reino Unido «sigue siendo buena» y España hará todo cuanto esté en su mano para que siga así, «como corresponde a países aliados». La número dos del Ejecutivo hizo un llamamiento para alcanzar una solución a la crisis, aunque esta debe darse «en un marco que es irrenunciable para España, que es el cumplimiento de la legalidad española e internacional».