Una notaria argentina niega al juez Ruz que el extesorero y Sanchis fueran socios

Una notaria de la provincia argentina de Salta, Silvina Pereira Alvite, ha enviado una declaración jurada al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en la que asegura que La Moraleja S.A., la finca de cítricos propiedad de la familia de Ángel Sanchis, extesorero de Alianza Popular e imputado en el 'caso Gürtel', «nunca ha recibido aportes de capital, préstamos o suma dineraria alguna» por parte de Luis Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias o de Iván Yáñez, supuesto testaferro del matrimonio, ya sea de forma directa o mediante la interposición de terceras personas físicas o jurídicas (empresas).

El poder notarial incluido en el sumario, y al que ha tenido acceso este periódico, señala además que los citados imputados «nunca fueron accionistas de La Moraleja, ni directores, gerentes, apoderados, accionistas o integraron cargo orgánico alguno» desde su constitución hasta la actualidad.

Asimismo, el documento público recuerda al juez Ruz que Sanchis no ejerce función ejecutiva alguna desde abril de 2002 y que el paquete accionarial de esta compañía frutícola de Salta, con contratos exclusivos con multinacionales como Coca-Cola, pertenece a los tres hijos del empresario valenciano y a la inmobiliaria Gordo S. A.

Esta declaración jurada firmada por un contable público de Salta y el apoderado de La Moraleja, Maximiliano Klix Saravis, forma parte de la estrategia de defensa de Ángel Sanchis, acusado de cooperar en el vaciamiento de la fortuna de Bárcenas en Suiza, a donde realizó al menos dos viajes para reunirse con personal del Dresdner Bank de Ginebra tras estallar el 'caso Gürtel' en febrero de 2009.

De la misma forma, el extesorero de Alianza Popular entre 1982 y 1987 trata de aplacar el intento del juez Ruz de investigar las relaciones comerciales entre ambos imputados y las crecientes sospechas de que sociedades de la familia de Sanchis fueron utilizadas para blanquear parte del dinero que Bárcenas escondía en Ginebra mediante transferencias a compañías radicadas en Estados Unidos o Uruguay.

Una cantidad que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía eleva a seis millones de euros en su último informe a la Audiencia Nacional de julio.

Operaciones

Es más, la semana pasada el magistrado de la Audiencia Nacional pidió de forma urgente a las autoridades estadounidenses información sobre estas operaciones. La razón es que, en el punto de mira, hay cuatro movimientos de más de tres millones de dólares realizados entre marzo y junio de 2009, después de comenzar el 'caso Gürtel', a cuentas radicadas en el banco UBS.

Sobre esta sospecha, el poder notarial asevera que «bajo ningún concepto» las operaciones reseñadas se ingresaron «en cuenta bancaria alguna» de La Moraleja y que la sociedad «jamás» ha tenido un depósito abierto en el citado banco o vínculo económico alguno con las sociedades Grupo Sur de Valores S.A. y Fores Teca S.A.

La notaria argentina cuenta al juez que ha llegado a estas conclusiones tras analizar los informes contables de la empresa, revisión de los libros de accionistas, extractos bancarios, revisión de los estatutos de la sociedad y de los poderes entregados a terceros.

Entre la información enviada desde Argentina a Ruz también se incluye el contrato entre La Moraleja y Conosur Land S. L., la empresa de asesoramiento comercial perteneciente a Bárcenas. Fue firmado en junio de 2011 y la duración era de tres años. A cambio, la compañía del extesorero recibiría 100.000 dólares anuales. Sin embargo, solo se pagaron 75.000 dólares tras el devenir judicial del 'caso Gürtel' y la implicación de Bárcenas, según ha reconocido el propio Sanchis ante el juez y en declaraciones públicas.