Cuenta atrás para el embargo a Rosalía Iglesias

Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas e imputada en el 'caso Gürtel', está citada mañana en la Audiencia Nacional para que entregue una lista con los bienes sujetos a embargo. La decisión llega después de que Iglesias no haya podido abonar los seis millones de euros de fianza civil que le impuso el juez Pablo Ruz en virtud de las responsabilidades pecunarias derivadas de su imputación.

La esposa del extesorero del PP comparecerá mañana a las nueve de la mañana junto a su abogada, Dolores Márquez de Prada, y tiene tres días de plazo a contar desde ayerpara que señale los bienes que servirán para cubrir la cantidad de la fianza. El secretario judicial también ha ordenado recabar de forma telemática, a través del Punto Neutro Judicial, la información correspondiente a la situación económico-patrimonial de Iglesias, imputada por un delito contra la Hacienda Pública, otro como cooperadora necesaria en el blanqueo de capitales del que se acusa a su marido, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa.

El juez ya embargó cuentas corrientes de Bárcenas con un saldo de 700.000 euros y propiedades como su domicilio en la calle Príncipe de Vergara, su plaza de aparcamiento en Madrid, una vivienda en el barrio de Peñagrande (Madrid) y el 50% de otra vivienda en el municipio de Naut Aran (Lérida) cercana a la estación de esquí de Baqueira Beret, ésta última con dos plazas de garaje. Todo ello sin perjuicio de las restantes medidas de bloqueo sobre las cuentas bancarias que dispone en el extranjero.

En el caso de Rosalía Iglesias es probable que incluya su vivienda de 186 metros cuadrados en una de las urbanizaciones más elitistas de Marbella, en Guadalmina, ya que aseguró ante el juez que era de ella.

Por otra parte, el volcado del contenido de los ordenadores que usaba el extesorero cuando trabajaba en el PP tendrá lugar este jueves. Pablo Ruz reclamó al partido la entrega de los dos dispositivos para cotejar su información con los manuscritos de Bárcenas sobre la supuesta contabilidad B de los populares.

Asimismo, el secretario judicial ha pedido que antes del 2 de septiembre estén concluidas las transcripciones de las declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y sus antecesores en el cargo, Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas.