Ruz decidirá en septiembre sobre 50 diligencias en la causa del extesorero

Una pila de escritos sobre peticiones de diligencias esperan en la mesa del juez Pablo Ruz a su vuelta de las vacaciones estivales. Se trata de alrededor de medio centenar de requerimientos formulados por las acusaciones populares personadas en el 'caso Bárcenas', que investiga la supuesta contabilidad secreta del PP.

Entre estas diligencias, el magistrado de la Audiencia Nacional tendrá que decidir nada menos sobre la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que Luis Bárcenas acusó de cobrar sobresueldos en negro y de conocer, tanto desde su cargo como presidente del PP como en su breve etapa de secretario general, los métodos de financiación ilegal y la existencia de una caja B en el partido.

El testimonio de Rajoy fue solicitado por las acusaciones populares Adade y Manos Limpias el pasado 17 de julio. Desde entonces, se está a la espera de que el fiscal anticorrupción del caso, Antonio Romeral, emita un dictamen para el juez sobre la conveniencia o no de citar al presidente del Gobierno.

Se da la circunstancia de que Romeral sí fue partidario de que declarara la secretaria general, María Dolores de Cospedal, pero se opuso a que lo hicieran Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas porque las etapas en la que ejercieron como 'número dos' del PP quedarían fuera de la vigencia de los delitos investigados. Es decir, eran anteriores a 2007, ya que para el fiscal todo los hechos previos a ese periodo estarían prescritos.

Poco después de que Bárcenas tirara de la manta en su declaración 15 de julio, la acusación formada por Izquierda Unida y la Asociación Libre de Abogados entregó al juez un escrito con la petición de 39 diligencias. Entre otras, reclamaron las citaciones como testigos del ex ministro de Defensa Federico Trillo, después de que Bárcenas le acusara de pagar con dinero de la caja B la defensa de los imputados del accidente del Yak-42.

También pidieron la presencia del presidente del Consejo de Estado José Manuel Romay Becaría, sucesor de Bárcenas en la tesorería del PP; de Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, y presunto donante del partido; del político ecuatoguineano Severo Moto, supuesto receptor de fondos opacos; del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa; de la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez o del asesor electoral del partido Pedro Arriola. Estos dos dúltimos por haber percibido sobresueldos de acuerdo a los apuntes contables de Bárcenas.

En el caso de Arriola, hombre de confianza de Rajoy, Manos Limpias solicitó el 22 de julio que declarara como imputado para aclarar la percepción de los supuestos sobresueldos en negro, por cobrar en B trabajos de asesoría al partido y por conocer el sistema irregular de financiación revelado por Bárcenas ante el juez de la Audiencia Nacional.

Careos e informes

Las acusaciones también solicitaron careos entre el propio acusado y algunos de los empresarios citados en la contabilidad secreta del partido como donantes y que han negado cualquier pago opaco, entre ellos Luis del Rivero (Sacyr), Juan Miguel Villar Mir (OHL) y José María Mayor Oreja (FCC).

Por otra parte, el juez Ruz espera dos informes clave de la Agencia Tributaria y de la Intervención General de la Administración del Estado. A la primera le pidió que investigara las obligaciones fiscales del PP en relación al impuesto de sociedades e IRPF desde 2007 en adelante, incluido las personas físicas acusadas de recibir sobresueldos procedentes de la caja B. También solicitó a la Inspección General del Estado que determine la vinculación entre las empresas donantes del PP, la concesión de adjudicaciones públicas por parte de administraciones regidas por los populares y el dinero registrado en la contabilidad secreta por Lapuerta y Bárcenas.

Otras dos decisiones inaplazables para Ruz será el envío al Tribunal Superior de Castilla-La Mancha de la pieza referido a la supuesta entrega de una comisión de 200.000 euros al PP de esa comunidad por una concesión de basuras en Toledo a una empresa del grupo Sacyr. Además, tendrá que decidir sobre la citación del constructor Gonzalo Urquijo, encargado de las obras de reforma de la sede del PP y que Bárcenas aseguró que parte de las mismas se pagaron en negro. Ambos hechos no habrían prescrito.