El PP no ve motivos para que se produzcan dimisiones en Adif por el accidente del Alvia

El PP considera que el hecho de que el juez Luis Aláez vaya a imputar a directivos de la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por entender que no adoptaron las más indispensables medidas de seguridad para evitar el descarrilamiento del Alvia en el que murieron 79 pasajeros no es motivo suficiente para que se produzcan dimisiones en la dirección de esta empresa pública. Destituciones que sí reclaman otros partidos e incluso una parlamentaria autonómica popular herida en el siniestro.

El diputado Rafael Hernando, el primer portavoz popular en valorar las consecuencias del auto por el que Aláez señala a Adif como corresponsable del accidente, se limitó a decir que si la investigación judicial detecta deficiencias en la seguridad del tramo de velocidad alta entre Orense y Santiago, en cuyo kilómetro 84,310 se produjo el siniestro, las responsabilidades políticas habría que buscarlas en el ministro socialista que lo aprobó y puso en funcionamiento en 2011, el entonces titular de Fomento, José Blanco.

Hernando recordó que fue Blanco quien en abril de 2011 autorizó que el tramo no estuviese controlado por el sistema de piloto automático de la alta velocidad (ERTMS) sino por el que rige en las vías convencionales (ASFA), y quien adelantó su inauguración a noviembre de ese año para poder «cortar una cinta» justo antes de las elecciones generales.

El diputado defendió la continuidad de los presidentes de Adif, Gonzalo Ferre, y Renfe, Julio Gómez-Pomar, porque cree que no son responsables de nada de lo ocurrido ya que lo único que hicieron fue mantener las condiciones de acceso a la estación de Santiago que les dejaron sus predecesores. Añadió que, además, Gómez Pomar solo lleva tres meses y medio en el puesto, lo que, en su opinión, hace que no sea «ni justo ni razonable» pedirle cuentas.

Negligencia

Su postura, sin embargo, no puede estar más distante de la del juez Aláez. No solo se dispone encausar a quienes eran los responsables de seguridad de Adif en el momento del accidente, el 24 de julio pasado, sino que además se pregunta cómo nadie de la compañía se pudo dar cuenta en el año y medio de funcionamiento del servicio de que en los kilómetros previos a la fatídica curva de A Grandeira, en donde hay que reducir de 190 kilómetros por hora a 80, toda la responsabilidad de la comprometida maniobra descansaba en la diligencia y pericia del maquinista, sin que los gestores colocasen señales acústicas y visuales de aviso y un sistema de frenado de seguridad para evitar un posible despiste del conductor. Su convencimiento de la posible negligencia no hizo sino consolidarse cuando vio que solo unos días después del accidente Adif y Renfe colocaban todas estas medidas de seguridad y otras más en el tramo del siniestro.

Quien también está de perfil tras el auto de Aláez es el PSOE, que no opina sobre dimisiones en Adif o Renfe. Trinidad Jiménez se limitó ayer a pedir a Hernando que no descargue culpas en el anterior Ejecutivo. Para ello se escudó en una incorrecta lectura del documento judicial que, según ella, dice que el tramo cumple los requisitos de seguridad. Pero lo que dice el juez es que el trazado de las vías es correcto. Sobre las medidas de seguridad concluye que son claramente «insuficientes».