Adif se resiste a decir en quién recaía la seguridad del Alvia descarrilado

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) no parece tener demasiada prisa en identificar al responsable o responsables de la seguridad de la circulación de los trenes en el trayecto entre las estaciones de Orense y Santiago. Es decir, en poner nombre y apellidos a los directivos de la compañía pública a los que pretende imputar el juez instructor, Luis Aláez, que considera que todo lo investigado hasta ahora apunta a que no tomaron «las más elementales cautelas» en el tramo ferroviario que desemboca en la peligrosa curva de A Grandeira, medidas que, en su opinión, habrían evitado que el 24 de julio descarrilase en ese punto el Alvia que cubría el recorrido entre Madrid y Ferrol, accidente que costó la vida a 79 pasajeros y heridas de diversa consideración a otras 150 personas.

Fuentes de Adif indicaron ayer que todavía no saben cuándo podrán comunicar a Aláez los nombres que le pide porque entienden que el auto judicial es poco preciso en ese punto, por lo que tendrán que pedirle aclaraciones al instructor para determinar exactamente a quiénes se refiere en su escrito.

El punto de ambigüedad que ven está en que el juez solicita que le digan quién o quiénes eran los responsables de establecer las medidas de seguridad adecuadas en el tramo del accidente el 24 de julio para poder citarlos a declarar como posibles autores de un delito de imprudencia punible, pero, al tiempo, también reclama a la compañía un informe en el que identifique a los integrantes del órgano de Adif responsable de la seguridad de la circulación en la red ferroviaria española, con explicación detallada de su capacidad y función en la toma de decisiones.

Según se refiera a un nivel u otro de responsabilidades en materia de seguridad los imputados serían distintos. El auto dictado el martes por el magistrado ha provocado un vuelco en la instrucción. El documento deja claro que la razón fundamental del siniestro fue que el maquinista, por un despiste, llegó a la curva del barrio santiagués de Angrois a más del doble de la velocidad permitida, pero también constata que «la conducción indebida» no es la única causa del siniestro porque el descarrilamiento no se hubiese producido si las medidas de seguridad en las vías hubiesen sido las adecuadas a un tramo de esa peligrosidad.

Parlamentaria herida

Aláez ve responsabilidad penal en los directivos de Adif porque cree que los kilómetros previos a la curva de A Grandeira deberían haber tenido, como mínimo, señales visuales y acústicas que alertasen del cambio drástico de velocidad de 190 a 80 kilómetros hora; la obligación de una reducción escalonada de esa velocidad; y un sistema de balizas que activase el frenado automático del tren si se desatendían las velocidades exigidas. Más o menos las mismas modificaciones de seguridad que se acaban de introducir en el polémico tramo justo después del descarrilamiento.

El documento judicial que apunta a la corresponsabilidad de Adif en el siniestro ha desatado ya las primeras exigencias públicas de dimisión de los presidentes del administrador de infraestructuras y de la operadora Renfe, por considerarlos responsables políticos de las deficiencias de seguridad.

Las dimisiones y ceses en ambas compañías fueron reclamadas por Izquierda Unida, por el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Anova (coalición nacionalista y de izquierdas gallega), y por el sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf. Los dirigentes del PP y del PSOE, como ya ocurrió durante las recientes comparencias parlamentarias, siguen en su perfil bajo, ya que miembros de ambos partidos están implicados en la inauguración y puesta en marcha del tramo de velocidad alta entre Orense y Santiago desde el Ministerio de Fomento.

La reclamación de dimisiones más dura, no obstante, procedió de una de las heridas en este descarrilamiento, la parlamentaria autonómica madrileña del PP María Teresa Gómez-Limón, que extendió la exigencia de cese a la ministra de Fomento, Ana Pastor. De igual forma, y en contra del criterio de su partido, reclamó la puesta en marcha de una comisión de investigación parlamentaria del siniestro.