El juez señala a ADIF como corresponsable del descarrilamiento del Alvia en Santiago

El juez Luis Aláez dio ayer un vuelco a la instrucción del accidente ferroviario en el que el 24 de julio murieron 79 viajeros a cuatro kilómetros de la estación de Santiago. El magistrado dictó un auto en el que señala a la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) como posible corresponsable directa del descarrilamiento del Alvia en la curva de A Grandeira.

El instructor considera en el escrito que toda la investigación realizada hasta el momento apunta a «la ausencia de las más elementales medidas de seguridad» en este peligroso tramo de circulación ferroviaria, lo que establecería un «nexo causal» entre «la omisión de las cautelas elementales» por parte del gestor de las vías y el accidente.

Aláez, de hecho, pide a ADIF que le informe de qué miembros de la empresa pública son los responsables de la seguridad en el tramo que une las estaciones de Orense y Santiago, en cuyo kilómetro 84,310 tuvo lugar el siniestro, para citarles a declarar como imputados por un delito que no aún no concreta, pero que vincula a «una imprudencia grave» con resultado de 79 muertes y más de 150 heridos de diversa consideración.

Además, el juez también quiere saber quiénes integran el «órgano responsable en materia de seguridad» de la compañía, con indicación expresa de «las capacidades o facultades de cada uno de ellos en la toma de decisiones». ADIF consideró que la iniciativa de Aláez «no es algo que se salga de lo excepcional y que entra dentro de lo habitual».

El instructor, en un auto de once folios, empieza por establecer con claridad que el actual estado de las pesquisas no deja dudas de que la causa «esencial y fundamental» del descarrilamiento fue la «indebida conducción» de Francisco José Garzón, que, por una distracción motivada por una conversación telefónica, se plantó en la curva de A Grandeira a 190 kilómetros por hora, cuando el trazado solo admite una velocidad máxima de 80.

Sin embargo, el magistrado añade que esta certeza no excluye la existencia de «otras causas que hayan podido contribuir al siniestro», en cuya determinación va a centrar ahora la segunda parte de la investigación y que es el motivo por el que realizará las nuevas imputaciones y pondrá bajo su lupa las obligaciones de seguridad que considera que ADIF ha podido incumplir.

Aláez comienza por dejar sentado que el tramo que abarca los tres o cuatro kilómetros previos a la curva de A Grandeira es «evidente» que tiene unas características «comprometidas» porque pasa de unas largas rectas en las que se puede circular a casi 200 kilómetros por hora al giro de 80. Por ese motivo, sostiene que ADIF estaba obligada a disponer de medidas tanto preventivas como activas que hiciesen prácticamente imposible el fallo humano donde es más que posible, cosa que, según la instrucción, no hizo.

Frenado automático

Muy al contrario, continúa, la compañía previó unas medidas «insuficientes» y dejó toda la responsabilidad de la reducción drástica de velocidad en el propio maquinista. Las únicas actuaciones de la gestora de infraestructuras en este tramo son una señal de velocidad máxima a 80 a unos 300 metros de la curva -cuando ya es «imposible» la frenada manual en caso de despiste- y los avisos de llegada a la estación de Santiago, que, sin embargo, no alertan del peligro de la curva.

Aláez señala que, además del evidente error de dejar toda la responsabilidad del fuerte cambio de velocidad en el factor humano, los directores de seguridad debieron, al menos, advertir de una forma visual y sonora explícita y con la distancia suficiente de la llegada a la curva; establecer un proceso de reducción gradual de la velocidad; e instalar un sistema automático de frenado por si el maquinista ignoraba las anteriores cautelas.

El magistrado justifica la imputación de directivos de ADIF porque «de haberse alertado previa y suficientemente de la proximidad de la curva y del consiguiente cambio de velocidad al maquinista es de lo más probable que Garzón recobrase la atención perdida en la conducción y hubiese ajustado la velocidad del tren a las circunstancias».

El juez considera que la posible imprudencia debe enfocarse como delito porque el bien jurídico en riesgo era la vida y la integridad física de los pasajeros y porque en el tramo existía una «elevada previsibilidad del descarrilamiento» sin que por ello se tomasen «las más elementales medidas de cuidado». «Se debían haber adoptado -concluye- otros procedimientos que salvasen o evitasen el resultado de la predecible equivocación del conductor».