PP e IU coinciden en reclamar una nueva vuelta de tuerca a las empresas públicas

PP e IU coinciden en que hay que darle una segunda vuelta de tuerca cara al Presupuesto de 2014 al sector público andaluz, el formado por empresas, consorcios, fundaciones y otros llamados entes instrumentales de la administración andaluza. Una coincidencia con matices. El PP nunca estuvo satisfecho con la reestructuración emprendida por la Consejería de Hacienda y Administración Pública en 2010, pese a que el Ministerio de Hacienda le dio el visto bueno en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en julio.

Según datos oficiales, la Junta ha suprimido 113 entes instrumentales (95 en extinción todavía), eliminado 905 empleos de los más de 24.000 contratados y 294 cargos directivos. El PP andaluz lo considera insuficiente y siempre ha reclamado un mayor adelgazamiento de lo que llama la «administración paralela» de la Junta. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, siempre ha respondido que el sector público andaluz está bien «dimensionado» y no prevé más ajustes.

No piensa lo mismo su socio de gobierno. Izquierda Unida ha lanzado cara a la negociación de los presupuestos del próximo año una propuesta clara: redimensionar el sector público. El portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, no habla de reducir otra vez el número de entes y mucho menos de eliminar empleo, sino de medidas de «organización y funcionamiento» que justifiquen su financiación y se aprovechen más los recursos humanos.

IU nunca ha compartido la opinión del PP de que sobran entes públicos. El empleo público es una de sus banderas. Sí ha denostado cómo están organizados y sobre todo ha vapuleado el número de cargos directivos y el régimen de privilegios. Mantienen en pie que hay que suprimir cesantías y contratos blindados, a veces millonarios, en lo que coincide con el PP y en parte con el PSOE. El Gobierno de Griñán dispuso en la anterior legislatura que los directivos de las empresas no cobrasen más que el presidente (63.800 euros brutos anuales). Algunos lo duplicaban. Una de las razones de la dimisión del director general de la RTVA, Pablo Carrasco, fue su negativa a equiparar su sueldo (78.522 euros) al de presidente.

Pero esto no es suficiente para IU. La consejera de Fomento, Elena Cortés, redujo nada más entrar el pasado verano de 10 a 5 el cuadro directivo de la Empresa Pública del Suelo (EPSA) y despidió a otros 30 directivos intermedios. Salud también aglutinó los cuadros directivos de hospitales y áreas de salud, pero el ejemplo de EPSA fue significativo sobre lo que IU piensa del sector empresarial público y su medida escoció al PSOE.

EPSA es la mayor empresa pública en personal contratado (más de 700 personas) después de la RTVA. El problema de EPSA es que con la bajada a mínimos de las inversiones y la crisis del ladrillo, su principal actividad, la de la promoción pública de viviendas, se quedó estancada. Cortés quiso buscarle ocupación a su personal con las oficinas para prevenir desahucios, pero no es suficiente. Izquierda Unida plantea otra alternativa: modificar la legislación que regula a EPSA para que sus técnicos (sobre todo arquitectos) trabajen en proyectos de otras consejerías. Convertir EPSA en la macro oficina técnica de la Junta de Andalucía.

IU propone lo mismo para la RTVA. «No tiene sentido que la Consejería de Turismo se gaste miles de euros en contratar una productora para hacer un vídeo de promoción cuando la Junta tiene la principal productora de imágenes, Canal Sur», explica Castro, quien entiende que de esta forma también se aliviaría la financiación de la empresa de radio y televisión pública.

El PP también opina que la Junta debe aclarar la funcionalidad, personal y financiación de las empresas públicas. La consejera de Hacienda ha insistido siempre que el sector público de la Junta es «eficiente» y que un 86% de su gasto presupuestario se dedica a la prestación de servicios fundamentales: salud, educación, dependencia y medio ambiente. Corrige a quien tacha el sector de despilfarrador que su deuda, según el Banco de España, es solo del 0,5% del PIB andaluz, unos 82 euros por habitante, frente a los 263 de la media del resto de autonomías.

Auditoría

Pero Aguayo se refiere siempre a las 124 empresas públicas, además de las universidades, que considera como propias y figuran en la ley de Presupuestos. El PP habla de un entramado de alrededor de 362 entes autonómicos, según datos del Ministerio de Hacienda. Esta semana, el secretario general del PP-A, José Luis Sanz, ha recordado un viejo compromiso de Aguayo: un estudio económico financiero individualizado de agencias, fundaciones y consorcios que la consejera encargó mediante decreto en 2010 y renovó el pasado otoño.

El objetivo es conocer a qué se dedican, cómo se financian y qué personal tienen. Aguayo habló de simplificar su funcionamiento, un mejor control financiero y, en definitiva, una mejor gobernanza. Es decir, lo que pide IU. Sanz recordó que todavía no se ha hecho ese estudio, por lo que exige una auditoría, un mapa del sector público para conocer su situación y su duplicidad con la administración general.