El Gobierno busca frenar el negocio de las gasolineras flotantes de Gibraltar

La amenaza lanzada este lunes por Gran Bretaña de que iniciará acciones legales contra España por los controles policiales en torno a la verja de Gibraltar recibieron ayer respuesta por parte del Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, afirmó que al Ejecutivo «no le temblará el pulso ante las amenazas del Reino Unido». A modo de ejemplo avanzó la primera de las medidas que, según anunció con anterioridad el titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, piensa aprobar el Gobierno como respuesta al lanzamiento de 70 bloques de hormigón por parte de las autoridades del Peñón a las aguas de la bahía de Algeciras que ambas partes se disputan.

En una reunión con representantes del sector pesquero en la localidad gaditana de Barbate, Arias Cañete apuntó que se endurecerá la ley para poner fin al negocio de las gasolineras flotantes en torno a las aguas del Peñón. Esta práctica, denominada 'bunkering', consiste en el suministro de combustible desde barcos fondeados en las proximidades de la colonia -aguas que ambas partes reclaman de su soberanía- a los cerca de 90.000 buques que al año cruzan el Estrecho.

En base al régimen fiscal gibraltareño, el carburante vendido no está sujeto al IVA ni otros impuestos que España impone a la gasolina, con lo que el precio es considerablemente más barato que en Algeciras, donde también se realiza. Un negocio, en definitiva, muy lucrativo para las arcas de las empresas que operan en Gibraltar.

España defiende que el suministro en alta mar supone un serio riesgo para el medio ambiente ante la posibilidad de que se produzca un vertido que podría afectar a todo el área del Estrecho. El ministro de Agricultura no especificó en qué consistirá este endurecimiento de la legislación contra el 'bunkering' más allá de que conllevará un incremento de las sanciones a las empresas que lo practiquen. En lo que sí insistió Arias Cañete es en que Reino Unido «tiene la responsabilidad de restablecer el orden jurídico alterado por la decisión de unilateral de Gibraltar» de lanzar al mar «aberrantes» bloques de hormigón y «causar un delito medioambiental». Según defendió, la acción ordenada por las autoridades del Peñón afecta al mantenimiento de los fondos marinos y al normal desarrollo de la actividad pesquera. «Si las colonias son un anacronismo en el siglo XXI, una en el seno de la Unión Europea es inexplicable, y mucho más que la potencia que ejerce el protectorado consienta esta situación», añadió. Cañete también personalizó la situación de crisis en el actual ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, al señalar que «nunca hasta su llegada ha habido problemas».

Ataque de Picardo

Picardo acusó ayer al Ejecutivo español de querer desviar la atención de sus problemas internos. «Un primer ministro británico acusado de haber recibido durante años dinero negro no duraría en el puesto ni cinco minutos», dijo en referencia a Mariano Rajoy. El Gobierno gibraltareño tampoco tardó en responder a la intención española de acabar con el repostaje en alta mar. En un comunicado afirmó que «no se tolerará ningún intento de interferir en la legalidad de operaciones de 'bunkering' dentro de las aguas territoriales británicas de Gibraltar». Las autoridades de la colonia se escudan en que dichas operaciones se encuentran amparadas por la legislación gibraltareña en la que se contemplan todos los requisitos impuestos por la Unión Europea para que se lleven a cabo. Desde Londres, por su parte, se anunció que su Ministerio de Exteriores presentará una queja formal ante el Español por la actitud «inaceptable» con los controles.

El cruce de declaraciones y el enrocamiento de las partes en la defensa de sus posiciones tuvieron un día más su reflejo en torno a la verja que rodea el Peñón. Ayer se volvieron a reproducir las colas de varias horas en el acceso a Gibraltar para desesperación de las miles de personas que cruzan la aduana a diario.