El Ejecutivo prepara ayudas de 30.000 euros para los pescadores

El Gobierno ha iniciado la tramitación de un proyecto de cara a ofrecer ayudas económicas a los pesqueros de La Línea de la Concepción y Algeciras que no pueden faenar «como consecuencia de las actuaciones de las autoridades gibraltareñas».

Según anunció el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, estas ayudas tendrán un máximo de 30.000 euros por cada empresa armadora, que se repartirán en un plazo de hasta tres años. El dinero se entregará a los armadores quienes serán los encargados de distribuir los fondos entre los tripulantes.

Según los cálculos ofrecidos por el departamento que dirige Miguel Ángel Arias Cañete, la medida que prepara el Ejecutivo podría beneficiar a cerca de 20 barcos y 100 tripulantes.

El Gobierno ha permanecido en contacto con la flota gaditana desde que hace más de un año las autoridades del Peñón decidieran prohibir la pesca en las aguas de la Bahía de Algeciras que tanto Gibraltar como España reclaman suyas. Según especifica ahora el ministerio, «a raíz de los acontecimientos del 26 de julio, cuando las autoridades gibraltareñas vertieron ilegalmente al mar unos setenta bloques de hormigón utilizados para la creación de arrecifes artificiales e impedir la pesca, se consultó nuevamente con los agentes implicados para conocer el grado en el que les afectaba la situación». En el marco de estas conversaciones los pescadores informaron al Ejecutivo sobre las repercusiones negativas en la económica y el empleo que padece la zona a causa del parón en su actividad. Ante ello, Madrid ha decidido ahora poner en marcha los trámites para aprobar esta nueva línea de ayuda. Los primeros cobros podrían efectuarse a partir de septiembre.

Peaje

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, avanzó hace una semana que entre las medidas que baraja el Gobierno hacia Gibraltar se encuentra la posibilidad de aplicar un peaje de 50 euros en el acceso y salida en coche de la colonia. El dinero recaudado se destinaría a la flota que permanece amarrada debido al conflicto con el Gobierno gibraltareño. Según ha venido insistiendo García-Margallo, esta tasa no repercutiría en los trabajadores de ambos lados de la verja que cruzan a diario la frontera.