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Las flotas de La Línea y Algeciras recibirán hasta 30.000 euros
En una vuelta de tuerca más del conflicto diplomático, el gobierno británico anunció ayer que estudia tomar «medidas sin precedentes contra España»
CÁDIZ. Actualizado: GuardarLas flotas pesqueras de La Línea y Algeciras afectadas por el conflicto con Gibraltar, recibirán hasta 30.000 euros de ayuda para paliar la perdida de ingresos, por no poder faenar en el caladero de la Bahía de Algeciras como consecuencia de las últimas actuaciones de las autoridades gibraltareñas.
Según anunció ayer el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del gobierno español, los impedimentos que pone la Roca a la pesca de estas embarcaciones serán compensadas con ayudas económicas, mediante una orden especial, que se acogerán al Reglamento (CE) 875/2007 de la Comisión Europea, y que permitirán pagar a las empresas armadoras una cantidad máxima de 30.000 euros brutos durante tres años.
En este caso, las ayudas se otorgarán por un periodo de seis meses de duración a contar desde el 1 de agosto de 2013 hasta el 31 de enero de ese mismo año, y podrán prorrogarse en caso que la situación actual de conflicto persista.
Los beneficiarios de las ayudas serán los buques de cerco, trasmallo y arrastre que pertenecen mayoritariamente a las cofradías de pescadores y asociaciones de La Línea y de Algeciras. A expensas de determinar la cifra definitiva de buques y tripulantes afectados, el Ministerio hará una reserva de 900.000 euros para financiar esta línea de ayudas durante un período máximo estimado de 30 a 36 meses.
La publicación de esta orden ministerial de ayudas, que se encuentra en trámite de informes y consultas sectoriales preceptivas, se prevé para antes de que finalice este mes, con efectos desde el 1 de agosto. De este modo, los primeros cobros se materializarían a lo largo del mes de septiembre.
Además, según fuentes de Medio Ambiente, los tripulantes, incluidos los armadores enrolados en los barcos, también serán compensados, si bien deberán percibir las ayudas de los armadores o propietarios de las empresas armadoras. El cálculo de las ayudas se efectuará de acuerdo con las estimaciones de pérdidas de ingresos derivadas de la actividad que los buques desarrollaban de forma habitual en esta zona, conforme a los registros de la Junta de Andalucía y la propia Secretaría General de Pesca, y extrapolando lo que se ha venido pagando en casos de paralización temporal para este tipo de embarcaciones, así como a sus tripulantes.
El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, Pedro Maza, Pedro Maza, se mostró ayer satisfecho por este «apoyo» en forma de ayudas anunciado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Maza manifestó que a finales de los 90 la flota gaditana alcanzó un acuerdo con el anterior Primer Ministro gibraltareño, Peter Caruana, que les permitía faenar. Sin embargo, en los últimos meses los problemas con la policía gibraltareña han sido constantes, hasta desembocar en el actual conflicto diplomático desatado a raíz del depósito de 70 bloques de hormigón en los caladeros donde pescan los barcos españoles.
Tensión diplomática
El problema entre Gibraltar y España afecta de lleno a los pescadores gaditanos, pero trasciende el ámbito pesquero. En una nueva vuelta de tuerca del enfrentamiento diplomático, ayer el gobierno británico anunció que está estudiando la toma de medidas contra España. Estas acciones legales vendrían motivadas por parte del ejecutivo británico por la decisión del gobierno español de mantener el refuerzo de los controles en la Verja.
El 'premier' británico se mostró ayer «contrariado» por este hecho, a pesar de la petición expresa que le hizo en este sentido Cameron al presidente español, Mariano Rajoy, en su última conversación telefónica. Para las autoridades británicas los controles en la frontera son «totalmente desproporcionados» y tienen «motivaciones políticas».
Desde el Reino Unido se sigue echando más leña al fuego. El alcalde de Londres, Boris Johnson, ha acusado al Gobierno español de utilizar la disputa sobre Gibraltar como «táctica de distracción» ante el «escándalo de corrupción» del 'caso Bárcenas' y ante la alta tasa de paro en España.