La Audiencia de Sevilla niega que la juez Alaya «demonice a los políticos»

La Audiencia de Sevilla salió ayer en defensa de la instrucción del caso ERE y, pese a las críticas de algunos abogados defensores o incluso desde ciertos ámbitos políticos, aseguró que la juez Mercedes Alaya «no trata de demonizar a políticos, sindicatos o empresarios», sino «aclarar una trama corrupta». El tribunal rechaza además que la juez esté retrasando la imputación de cargos como el presidente andaluz, José Antonio Griñán, para no perder el caso, ya que cuando se trata de la posible imputación de aforados se «debe apurar y depurar la instrucción» con todas las diligencias necesarias antes de remitir el caso a instancias superiores.

Con anterioridad la Audiencia había enmendado la plana a la juez rebajando las cantidades fijadas para fianzas, excarcelando o incluso anulando el auto en el que bloqueaba cuentas bancarias del exsindicalista Juan Lanzas por «falta de motivación». Pero ahora, aprovechando el auto de respuesta al recurso presentado por el abogado defensor de José González Mata, propietario de una de las mediadoras que más se benefició con las sobrecomisiones de los ERE, sale en defensa de Alaya, que después de más de dos años de instrucción acumula ya 116 imputados en la instrucción del fraude de las ayudas públicas.

El tribunal califica de «exabruptos dialécticos» más propios «de la prensa sensacionalista» que de un tribunal las insinuaciones del letrado acerca de que la instrucción «pone en tela de juicio el papel constitucional de los sindicatos, piezas esenciales de nuestro Estado de Derecho», al acusarles de cobrar comisiones. Antes, al contrario, recuerdan los magistrados que «se investiga a personas con nombres y apellidos que parece han podido participar en esa posible trama corrupta, con absoluta independencia de pertenencia a un sindicato, empresa o partido político».

Partícipe del saqueo

La acusación del abogado defensor no es baladí, ya que la juez considera a González Mata «uno de los principales partícipes en el saqueo de las arcas andaluzas, con la indiciaria connivencia de sindicatos y cargos públicos de la Junta». Según los informes de la Guardia Civil, habría desviado para su propio beneficio más de 13 millones de euros de dinero público procedente de las millonarias sobrecomisiones -estimadas en unos 20 millones- cobradas a través de la mediadora Uniter. Alaya le acusa de prevaricación, malversación, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita y contra la Hacienda Pública.

Los magistrados rechazan además las afirmaciones del defensor acerca de que Alaya «demora decisiones evidentes que conllevarían la pérdida de competencia y jurisdicción», en alusión a las posibles imputaciones del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, algunos consejeros o el senador José Antonio Viera. En este sentido, recuerdan que el hecho de imputar a un aforado no implica «per se» la pérdida de la competencia y la jurisdicción. Es decir, que la aparición de indicios sobre la implicación de una persona aforada no implica la automática asunción de las competencias por parte del tribunal superior.