El pederasta cumplirá su pena en España

El entuerto jurídico en el que se había convertido la situación procesal del pederasta Daniel Galván Viña, al que la Audiencia Nacional mandó ayer a prisión ante el riesgo de fuga, parece que tendrá solución. Autoridades judiciales de España y Marruecos acercaron posturas para que el recluso cumpla en una cárcel española los 27 años y tres meses de pena que le restan por los abusos sexuales cometidos en territorio marroquí.

La solución que satisface a ambas partes pasa por la aprobación del expediente de traslado a España que había solicitado el propio Galván Viña antes de su indulto, concedido por el rey Mohamed VI el 30 de julio y que fue revocado el domingo pasado al tratarse de un «error administrativo» y por las fuertes protestas sociales que generó su excarcelación en Marruecos.

La tramitación del expediente de entrega tiene cuatro partes. La primera ya se ha cumplido, puesto que el pederasta de 64 años pidió su traslado a España nada más entrar en la cárcel de Tánger en septiembre de 2011, para cumplir los 30 años de condena que le impuso un tribunal de Kenitra por abusar de al menos once menores.

Ahora faltaría que la autoridad judicial marroquí acepte que el pederasta cumpla su condena en territorio nacional y que el Ministerio de Justicia español lo apoye. Posteriormente, será el Consejo de Ministros el que deba aprobar la entrega para que la Audiencia Nacional tutele su expediente procesal.

Pues bien, para agilizar estos trámites, ayer se reunieron en Madrid representantes de los ministerios de Justicia de ambos países. A la conclusión de la cita, el director general de cooperación jurídica internacional, Ángel Llorente, reconoció que «no solo no se descarta (que Galván cumpla su pena en España), sino que es una posibilidad que parece bastante razonable».

Llorente señaló que la premisa de ambas delegaciones es que «de ninguna manera hechos tan graves queden impunes». Por ello, lo más razonable es que la Justicia marroquí acepte la petición de traslado que hizo el pederasta. La intención es que en un plazo máximo de 40 días la Audiencia Nacional tenga todos los «elementos posibles» para que pueda resolver su extradición, aseguró Llorente.

«Razones humanitarias»

Uno de las cuestiones más espinosas del caso fue la razón que llevó al Gobierno a incluir a Galván en la lista de 30 presos españoles para que fueran trasladados a cárceles nacionales. Una petición que, tras la concesión del indulto real por un «error administrativo», acabó derivando en todo este embrollo.

Ángel Llorente, que fue juez de enlace con Marruecos antes de llegar al ministerio, señaló que el recluso, dada su condición de nacional español pese a ser originario de Irak, tiene derecho a cumplir su pena en España y que fueron «razones humanitarias» (para que pudiese estar cerca de su familia y en condiciones carcelarias más salubres) las que llevaron a incluirlo en la lista facilitada por la Embajada de España en Rabat. De la misma forma, dijo no tener conocimiento de que trabajara para los servicios de inteligencia españoles (CNI).

Sin embargo, la posibilidad del arraigo familiar fue desechada horas antes por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que le envió a prisión provisional sin fianza por riesgo de fuga y por la gravedad de los delitos a los que fue condenado. Eso sí, en el auto dejó claro que si en 40 días no se formalizaba la demanda de extradición por parte de Marruecos lo dejará libre.

El instructor alegó que la vida de Galván ha transcurrido mayoritariamente en Irak y en España, si bien ha residido en distintos países como Egipto, Siria, Jordania, Reino Unido y Marruecos. Asimismo, señaló que tras ser indultado se instaló en Murcia, residiendo en un hotel, con el fin de descansar y que, si bien había facilitado una dirección como paradero, esta no era otra que la dirección de un amigo, de nombre Ulpiano, por lo que «carece de un mínimo arraigo familiar, social, económico, laboral o de otro tipo que neutralice la tentación» de fugarse.

Previamente, un informe forense realizado al recluso, y que fue entregado al juez, acreditó que sufre una patología esquizoide por trastornos de ansiedad y depresión derivado de los numerosos medicamentos que toma, según fuentes jurídicas. No obstante, los médicos determinaron que estaba en condiciones de prestar declaración y que podría ser tratado por los servicios hospitalarios de la madrileña prisión de Soto del Real, donde fue recluido.