Berlusconi busca una condena a medida

El respaldo explícito que Silvio Berlusconi ofreció el domingo al Gobierno de Enrico Letta contribuyó a serenar el ambiente político de un país que solo unas horas antes parecía encaminado a unas nuevas elecciones. Tal parecía la voluntad del Pueblo de la Libertad (PDL), el partido del magnate, que comparte las tareas del Gabinete liderado por el Partido Demócrata (PD). Y no ayudó precisamente a relajar la tensión que el apoyo de 'Il Cavaliere' se hiciera esperar tres largos días después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó el jueves a cuatro años de cárcel por evasión fiscal en el 'caso Mediaset'.

Pero Berlusconi espera cobrarse el espaldarazo a la estabilidad de un Ejecutivo que acaba de cumplir sus primeros cien días. Y pretende que el peso decisivo de sus diputados y, sobre todo, de sus senadores para aprobar las reformas económicas necesarias para remontar la crisis le reporte dividendos absolutamente personales. Antes del 15 de octubre deberá comunicar a la Justicia cómo quiere cumplir la condena. Su edad le libra de ir a la cárcel y una ley de amnistía reduce la pena a un año de arresto domiciliario o trabajos en beneficio de la comunidad. En apariencia descarta la segunda opción por incompatible con la alta consideración que tiene de sí mismo. Y el confinamiento en una de sus residencias, entiende, limitaría la libertad de movimientos que merece el líder de «diez millones de italianos».

'Il Cavaliere' busca ahora una condena a medida, que su entorno político enmarca en una manoseada reforma de la Justicia que, para el PDL, supone meter en cintura de una vez por todas a los jueces que persiguen al líder desde hace veinte años, desde su misma entrada en política. Para lograr cumplir la pena de una manera relajada, sin limitaciones de visitas o contactos políticos, y al mismo tiempo seguir siendo decisivo en los destinos de Italia y preparar el terreno para la convocatoria electoral que empezará a sonar de nuevo después del verano, Berlusconi quiere comprometer al presidente de la República. No se olvide que Georgio Napolitano se sacrificó, a sus 88 años, para emprender un segundo mandato a cambio de que las dos principales fuerzas políticas acordaran el Gobierno.

Los responsables de los grupos del PDL en el Congreso y el Senado, que en los días previos habían hablado de pedir directamente un indulto para su jefe, visitaron ayer a Napolitano en el Quirinal y le plantearon esta suerte de chantaje, aunque en términos comedidos que el jefe del Estado agradeció reuniéndose con ellos durante una hora, quizá lo mínimo que exige la cortesía institucional. Los representantes de Berlusconi desistieron de reclamar una medida de gracia que saben imposible para un procesado que aún aguarda la confirmación de la sentencia a 7 años de cárcel por abuso de poder y prostitución de menores en el 'caso Ruby'.

Cumplimiento formal

Pidieron en cambio «libertad política» para el dirigente del centroderecha; algo así como un cumplimiento formal de la pena que en modo alguno limite sus movimientos para refundar Forza Italia, si tal es finalmente su propósito. Ese es el precio que Berlusconi pone a la estabilidad del Gobierno italiano: el de trasladar a las instituciones todo el peso de las consecuencias de sus problemas estrictamente personales con la Justicia. Ya lo dijo el domingo por la noche: ha recibido un golpe durísimo, sorprendentemente inesperado para él a estas alturas de su trayectoria de juicios y escándalos, pero no abandona.

La encrucijada de Berlusconi pasa ahora a ser de Napolitano si quiere mantener el rumbo de normalización del país. Y del primer ministro Letta, que trata de transmitir esperanza anunciando «signos de recuperación» en la economía pero no puede engañarse pensando que el Tribunal Supremo ha retirado de la circulación a su mayor rival. Ni ignorar la creciente incomodidad que genera en su partido gobernar junto a su mayor enemigo, que además ahora se ha convertido en un condenado por corrupción. 'Il Cavaliere', entretanto, engrasa la maquinaria para una cita electoral que algunos en su partido sitúan en la próxima primavera. Él ya no podrá ser candidato, pero si continúa vigente la actual ley electoral, el panorama resultante podría aumentar aún más la fragmentación y la formación de un Ejecutivo estable.