El Gobierno insta a los ciudadanos a unirse a su mano dura contra el fraude en el paro

«Las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de atajar un problema que nos concierne a todos pero, si la ciudadanía no toma conciencia del problema, acabar con esta lacra será una tarea mucho más ardua». Con esta clara advertencia, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, pidió ayer la colaboración de la sociedad en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

A tal fin, anunció la creación de un buzón donde se puedan denunciar ese tipo de conductas «fraudulentas e insolidarias», de cara a su análisis posterior y, en su caso, sanción correspondiente, por parte de la Inspección de Trabajo. Dicha herramienta, ya disponible en la web del Ministerio, permite todo tipo de notificaciones de conductas irregulares, desde cobros indebidos del paro hasta empleos sin contrato o condiciones laborales fuera de la ley.

Aunque las denuncias no podrán ser anónimas -el autor deberá identificarse con su nombre, dirección y actividad económica-, sí gozarán de «una garantía absoluta de confidencialidad» por parte de los inspectores que lleven cada caso. Así lo aseguró la propia titular del departamento, consciente de que sin esa reserva, fundamental ante posibles represalias, el número de posibles denunciantes resultaría exiguo.

No obstante, al Ejecutivo no parece haberle ido nada mal en el primer año de vigencia del plan de lucha que en este ámbito puso en marcha en abril de 2012. Desde entonces ha realizado un total de 334.214 inspecciones, que le han permitido aflorar 130.512 empleos que estaban antes en la economía sumergida. La consecuencia práctica para las arcas públicas es que, gracias a ello, se han ahorrado 3.160,67 millones de euros, en torno al 10% del coste que supusieron este tipo de prestaciones en 2012: 31.678 millones, 3.200 millones más de lo que había presupuestado el Gobierno y en línea con el máximo histórico (32.379 millones) registrado en 2010.

Para el presente ejercicio, la dotación prevista es de 26.696 millones, si bien distintos expertos coinciden en que se superará esa cifra. Se basan en que la suma de beneficiarios de este tipo de prestaciones superaba los 2,93 millones al cierre del primer semestre -de los que menos de la mitad (1,35 millones) cotizan por ellas a la Seguridad Social-, 1,12 millones más que en 2008. La tasa de cobertura de estas ayudas alcanza al 62% de los desempleados, 11 puntos menos que al inicio de la crisis por los ajustes en el sistema.

Esas modificaciones también han provocado que se haya reducido en 18.740 el número de beneficiarios respecto a igual período de 2012, con una tasa de cobertura cuatro puntos menor que entonces. Sólo en el mes de junio salieron 2.403 millones de las arcas públicas con ese destino, a una media de casi 879 euros por persona, un 3% menos. Asimismo, cayó el número de solicitudes, un -5,9%, hasta las 893.832.

Menos ayudas, más ahorro

Una menor demanda debido a las mayores exigencias, y a que a buena parte de los anteriores beneficiarios se les agotó el plazo de prestación antes de lograr un empleo: 1,76 millones de parados ya no reciben ayuda alguna. Es la cara amarga de un problema que para el Estado empieza a suponer un desembolso menor, gracias también al ahorro conseguido en el primer semestre con el plan de lucha contra el fraude.

Entre enero y junio pasados se retiró la prestación por desempleo a un total de 60.004 personas, un 14,8% más que hace un año. El motivo principal: compatibilizarla de forma indebida con un trabajo remunerado o haberla obtenido de forma fraudulenta falsificando sus datos reales. Buena parte de ellos trabajaban en la construcción y en los servicios. El impacto económico para las arcas públicas fue de 915,2 millones, que serán descontados de la factura total de estas ayudas.

Aumentaron también, hasta un 30,6%, las infracciones cometidas por empresarios al dar trabajo a quienes estaban cobrando el paro, situación en la que incurrieron 5.833 personas descubiertas por la Inspección, un 28,9% más que hace un año. Y en la lucha contra las empresas ficticias, el Ministerio aumentó un 46,8% sus investigaciones (14.842), detectando con ellas hasta 1.964 infracciones, un 146,2% más.

Báñez insistió al publicar estos datos en que la lucha contra este tipo de fraude -para el que está colaborando de forma estrecha con la Agencia Tributaria y otras administraciones, incluidas regionales- requiere «la implicación decidida de la sociedad española». «Tenemos mucho trabajo por hacer y en ello estamos», constató la ministra, quien pretende evitar tener que pedir un suplemento extra de crédito a Hacienda como en años anteriores.