El PSOE critica el largo proceso de la jueza Alaya y exige que acabe la instrucción

El PSOE-A criticó ayer la instrucción del caso de los ERE de la Junta que está llevando a cabo la juez Mercedes Alaya, a la que ha exigido «agilidad», y se ha preguntado «hasta dónde la inseguridad jurídica y la injusticia» de que haya personas «señaladas» que no son llamadas a declarar.

En estos términos se expresó en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, que ante la posibilidad de que la instrucción de los ERE irregulares vaya a prolongarse sostuvo que su partido es el «más interesado» en que todo se aclare.

«No hay nadie más interesado que el PSOE en que se aclare absolutamente todo, en que se devuelva el dinero sustraído y en que lo pague quien lo haya hecho», subrayó.

Sin embargo, el responsable de Organización se preguntó a continuación: «¿Hasta dónde va a durar la instrucción?. ¿Hasta dónde van a haber personas señaladas que no son ni llamadas a declarar en años?. ¿Hasta dónde esta inseguridad jurídica y esta injusticia?».

Cornejo apremió a la juez a que acabe y agilice la instrucción del caso y afirmó que «llame a declarar a quien quiera y que pase al Tribunal Supremo, que será mayor garantía».

Además, lamentó que partidos como el PP estén utilizando este asunto para «dañar» la imagen de la comunidad «entera» e insistió en la idea de que si la instrucción del caso «tiene que ir a otro nivel (por el Supremo o el TSJA) que vaya».

El socialista aclaró que algunos de los supuestos responsables políticos que no han sido llamados «tienen derecho a la seguridad jurídica y a defenderse y no lo han podido hacer», por lo que ha vuelto a demandar celeridad a la juez para que «aborde y se juzguen también las presuntas responsabilidad políticas e institucionales».

«Después de este largo proceso, lo exigible es la agilidad, que impute a quien tenga que imputar y pase al Supremo o donde tenga que pasar pero que acabe ya. Tenemos derecho a pasar página pagando quien tiene que pagar, ya que hay chorizos que deben pagar y devolver el dinero», ha enfatizado Cornejo.

Por su parte, la vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal del PP-A, Ana Corredera, criticó el «boicot» que el Gobierno andaluz está realizando a la instrucción del caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) al no enviar documentación requerida por la Justicia, lo que le ha llevado a preguntar al Ejecutivo andaluz «y a quién está intentando tapar y por qué».

En rueda de prensa, Corredera se refirió así al hecho de que el PP-A haya elevado al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla un escrito en el que avisa de que la Junta ha «omitido» supuestamente la entrega de un informe «adicional» incluido en la auditoría de las cuentas del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía relativas al ejercicio 2005 y que avisaría, ya entonces, de «las consecuencias de la utilización de expedientes administrativos inadecuados».

Verdad para los andaluces

Para la dirigente 'popular', éste es un «ejemplo más» de la falta de transparencia y colaboración de Gobierno andaluz en todo este proceso y del «desdoblamiento de personalidad» de la Administración andaluza, «que pide celeridad y agilidad por un lado, mientras que por el otro, pone continuamente piedras en el camino de la instrucción».

«Primero negaron las actas de los Consejos de Gobierno; luego llegaron continuos requerimientos de informes por parte de la juez por información no entregada; más tarde recurrieron al auto en el que se imputaba a 20 altos cargos, y lo último fue el consejero de Justicia, Emilio de Llera, cuestionando la instrucción», explicó.

La dirigente 'popular', que lamentó que la Junta pretenda ser «acusación y defensa», le recordó al Gobierno andaluz que es «absolutamente imposible soplar y sorber al mismo tiempo». Asimismo, insistió en que su formación no va a ofrecer «balones de oxígeno» al futuro gobierno ante el «mayor expolio» en la historia de Andalucía.

Corredera afirmó que los andaluces necesitan saber la verdad y lamentó que el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, haya rechazado la celebración de la Diputación Permanente, a petición del PP-A, para pedir que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, comparezca sobre los ERE antes de formalizar su renuncia al cargo.

Finalmente, preguntada por la posibilidad de que la juez Mercedes Alaya haya podido decidir no remitir a medio plazo el caso al Tribunal Supremo (TC), tal y como ha informado este lunes la Cadena Ser, la dirigente del PP-A ha dicho que su formación es respetuosa con la acción judicial y nunca se pronuncia sobre sus decisiones.